La organización Human Rights Watch (HRW) denunció en su informe anual que el Gobierno de China mantiene una política sistemática de negación de las libertades de expresión y asociación, apoyada en la censura, la vigilancia masiva y el uso del sistema judicial para castigar a críticos del Partido Comunista Chino (PCCh).
El documento señala que el refuerzo del control ideológico se ha intensificado bajo el mandato de Xi Jinping, acompañado de políticas de asimilación forzada en Tíbet y Xinjiang, así como de la aplicación de un marco de seguridad nacional considerado represivo en Hong Kong.
HRW documenta condenas de activistas, artistas y editores por delitos ambiguos, además de la persecución de conmemoraciones públicas como las de la masacre de Tiananmen. También alerta sobre la llamada “represión transnacional”, que incluye vigilancia y acoso a comunidades chinas en el extranjero y a familiares de disidentes dentro del país.
En el ámbito regional, la organización reitera que en Xinjiang se siguen cometiendo abusos que califica como crímenes contra la humanidad, mientras que en Hong Kong se han producido cientos de detenciones desde 2020 por el uso de leyes de seguridad nacional contra expresiones pacíficas.
El informe también denuncia restricciones severas a la libertad religiosa, discriminación contra mujeres y niñas, censura del movimiento feminista y limitaciones a la expresión cultural y artística de la comunidad LGBT.
HRW concluye que el historial de derechos humanos de China continúa deteriorándose, mientras que Pekín rechaza las acusaciones y sostiene que sus políticas buscan preservar la estabilidad y la seguridad nacional.