El presidente de Perú, José Jerí, enfrenta una investigación preliminar de la Fiscalía General por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses, tras revelarse una serie de reuniones no oficiales con el empresario chino Zhihua Yang, quien mantiene contratos vigentes con el Estado peruano.

La indagación se originó luego de que medios locales difundieran imágenes del mandatario ingresando de forma discreta —con capucha y gafas oscuras— a un local clausurado propiedad de Yang, en Lima. El encuentro, ocurrido a finales de diciembre, no figuraba en la agenda presidencial y se realizó utilizando un vehículo oficial del Estado.

Inicialmente, Jerí intentó minimizar el hecho al afirmar que había acudido al lugar para comprar “caramelos chinos”. Días después, reconoció que se trató de un “error”, el cual atribuyó a su estilo de hacer política “en las calles”. No obstante, documentos oficiales revelaron que el empresario visitó el Palacio de Gobierno al menos tres veces entre diciembre y enero, lo que incrementó las sospechas sobre una posible relación preferencial.

La controversia se agravó cuando distintas investigaciones periodísticas expusieron la participación frecuente de Jerí en actividades organizadas por empresarios chinos durante su etapa como congresista, incluyendo cenas privadas, foros económicos y actos públicos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la naturaleza de esos vínculos.

Ante el creciente escrutinio público, el jefe de Estado aseguró que colaborará plenamente con las investigaciones. “Me pongo a disposición para responder ante todas las instancias”, manifestó en un pronunciamiento oficial. Sin embargo, sectores de la oposición ya anunciaron que impulsarán una moción de censura por “incapacidad moral”, una figura constitucional utilizada en reiteradas ocasiones para destituir presidentes en el país.

Las críticas también han surgido desde el interior del oficialismo. El diputado Héctor Valer, del partido Somos Perú —organización conservadora de la que Jerí es vicepresidente—, acusó al mandatario de formar parte de “un engranaje de corrupción”, evidenciando una fractura interna en la bancada gobernante.

El caso vuelve a poner en entredicho la estabilidad política de Perú, un país que en los últimos años ha enfrentado una profunda crisis institucional marcada por la sucesión de gobiernos debilitados y la destitución de presidentes involucrados en escándalos de corrupción.

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