Ciudad de Guatemala — El asesinato de nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y una serie de motines simultáneos en tres centros penitenciarios han desatado una nueva y grave escalada de confrontación entre el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo y las principales estructuras criminales del país, en especial la pandilla Barrio 18.
Ante la magnitud de los hechos, el mandatario decretó estado de sitio por 30 días la noche del domingo, una medida excepcional que autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar detenciones sin orden judicial como parte de una ofensiva contra el crimen organizado y actos considerados terroristas.
La actual crisis tiene raíces en una confrontación que se intensificó desde julio de 2023, cuando un ataque armado en una funeraria de la capital —atribuido al Barrio 18— dejó siete personas asesinadas. Tras ese hecho, el Ejecutivo ordenó el traslado de cabecillas de pandillas, incluida la Mara Salvatrucha, a la prisión de máxima seguridad Renovación I, con el objetivo de aislarlos y cortar su control desde las cárceles.
Entre los reclusos trasladados figura Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, líder histórico del Barrio 18 y condenado a más de 80 años de prisión. De acuerdo con el Ministerio del Interior, Ochoa habría estado vinculado a la coordinación de uno de los motines registrados el fin de semana, presuntamente como reacción a la eliminación de privilegios carcelarios, entre ellos comodidades especiales y beneficios logísticos.
Analistas en seguridad y política advierten que el repunte de violencia ocurre en un momento clave para la institucionalidad guatemalteca, marcado por el próximo relevo en la Fiscalía General, actualmente encabezada por Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. Según estas lecturas, los hechos violentos buscarían generar desestabilización y presión política.
El propio presidente Arévalo señaló que detrás de los ataques existen intereses vinculados a redes de corrupción que pretenden sembrar miedo ante los cambios previstos en el sistema judicial. “Este año Guatemala recuperará su justicia”, afirmó, al referirse a las transformaciones anunciadas en la Fiscalía y la Corte de Constitucionalidad.
El estado de sitio decretado por el Ejecutivo es considerado la antesala del estado de guerra, la medida más extrema prevista por la legislación guatemalteca. Mientras tanto, el Gobierno prepara una operación ampliada para capturar a los responsables de los crímenes que han conmocionado al país y restablecer el control del Estado frente a las estructuras criminales.