La Fiscalía General de la República, a través de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio, reiteró ante un juzgado especializado su solicitud para que los bienes y el dinero decomisados a la facción sureña de la pandilla 18, que operaba en el Puerto de La Libertad, sean adjudicados de manera definitiva al Estado salvadoreño.
Durante la etapa de alegatos finales, los fiscales expusieron que los activos incautados en el marco de la denominada Operación Tsunami provienen directamente de actividades de crimen organizado desarrolladas por dicha estructura criminal.
La petición fiscal incluye un total de 17 inmuebles, entre viviendas y locales comerciales, así como vehículos particulares, microbuses y autobuses. Además, se solicita la extinción de dominio sobre 19 cuentas bancarias que permanecen congeladas, con un monto aproximado de 54 mil dólares. Según la investigación, el valor total de los bienes y fondos asciende a 360,418.81 dólares.
La Fiscalía detalló que la investigación se originó tras detectar un incremento patrimonial injustificado en varias personas vinculadas a la pandilla, quienes figuraban como propietarios de bienes sin contar con ingresos lícitos que respaldaran dichas adquisiciones.
De acuerdo con los balances patrimoniales presentados al tribunal, los imputados habrían actuado como testaferros para lavar dinero proveniente de extorsiones, tráfico ilícito, tráfico de drogas y otros delitos atribuidos a la pandilla 18, utilizando estos fondos para la compra de inmuebles y automotores.
El proceso continúa a la espera de la resolución judicial que determine si los bienes incautados pasan a formar parte del patrimonio del Estado, como parte de las acciones para debilitar financieramente a las estructuras criminales.