Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada este martes en Washington, la representante permanente de El Salvador, Wendy Acevedo, instó al organismo hemisférico a ir más allá de “comunicados simbólicos” y asumir un liderazgo activo para restaurar el orden constitucional en Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump.
Acevedo afirmó que “ninguna persona, por poderosa que sea, está por encima de la ley” y sostuvo que el pueblo venezolano merece paz, justicia, desarrollo social y económico, así como seguridad. En su intervención, calificó al régimen venezolano como una “dictadura consolidada” y señaló que la detención de Maduro es consecuencia de más de una década de autoritarismo, destrucción institucional, violaciones a los derechos humanos y corrupción estatal.
“En Venezuela no se trata de un debate ideológico, sino de una dictadura que ha destruido las instituciones, expulsado a más de siete millones de ciudadanos y convertido al Estado en una plataforma del crimen organizado transnacional”, expresó la diplomática salvadoreña.
Asimismo, Acevedo aseguró que El Salvador abogará y respaldará cualquier acción orientada a garantizar que el pueblo venezolano recupere un orden constitucional legítimo, transparente y pacífico, en apego a los principios democráticos establecidos en la Carta Democrática Interamericana.
La sesión extraordinaria, la primera de 2026, fue convocada a solicitud de Colombia, con el copatrocinio de Chile, Brasil, Guatemala, Uruguay y México. Durante el encuentro, el representante colombiano ante la OEA, Mauricio Jaramillo, cuestionó las acciones militares ejecutadas por Estados Unidos en Venezuela, al considerar que violan el derecho internacional y la prohibición del uso de la fuerza entre Estados. “La democracia no puede concebirse como resultado de la coerción ni de la imposición externa”, afirmó.
Por su parte, la representante de Guatemala reiteró su rechazo al régimen de Nicolás Maduro y condenó la violencia contra la oposición durante las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que —dijo— no se respetó la voluntad popular. No obstante, subrayó que el diálogo y los mecanismos multilaterales deben prevalecer sobre la confrontación militar.
El representante de Estados Unidos defendió la actuación de su país, asegurando que no se trató de una invasión, sino de una acción de fuerza pública para arrestar a una persona acusada ante la justicia estadounidense. Negó que se tratara de una interferencia en la democracia venezolana e instó a la liberación de más de mil presos políticos, además de poner a disposición de la OEA recursos y experiencia en materia electoral.
En la misma línea, Costa Rica llamó a una transición democrática pacífica y a la restauración del Estado de derecho, mientras que el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, afirmó que el organismo está listo para brindar asistencia y promover una coordinación colectiva con “enfoques democráticos y pacíficos”.
Observadores internacionales también fijaron postura. España y Francia rechazaron el régimen de Nicolás Maduro y cuestionaron la legitimidad del proceso electoral de 2024, aunque expresaron preocupación por el uso de la fuerza y reiteraron la necesidad de respetar el derecho internacional. En contraste, el representante de la República Popular China condenó la actuación de Estados Unidos, acusándola de violar la soberanía venezolana y de amenazar la paz y la seguridad regional.
La sesión extraordinaria concluyó tras la exposición de las posturas de los Estados miembros y observadores, dejando en evidencia profundas diferencias sobre la forma de abordar la crisis venezolana, pero con un consenso general en torno a la necesidad de una salida que garantice estabilidad, democracia y respeto al derecho internacional.