La Asamblea Legislativa aprobó este martes una segunda reforma constitucional que elimina de la Carta Magna la asignación mínima del 6 % de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Órgano Judicial.
Con la modificación al artículo 172 de la Constitución, el nuevo inciso cuarto establecerá que: “El Órgano Judicial dispondrá anualmente, según las necesidades razonables que dicha institución presente, de una asignación de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado”.
El acuerdo de reforma fue presentado por la diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, e introducido a la agenda legislativa con 56 votos. La dispensa de trámite fue aprobada con 57 votos y la iniciativa fue avalada a las 3:31 p. m., también con 57 votos, mientras que los tres diputados de oposición votaron en contra.
La reforma requiere una ratificación en la misma legislatura con al menos 45 votos, votación que se prevé realizar este mismo día, luego de que el presidente del Legislativo, Ernesto Castro, cerrara la sesión plenaria y convocara a una nueva a las 4:30 p. m.
Al presentar la iniciativa, Alexia Rivas argumentó que un Estado moderno debe ser eficiente y responder a diversas necesidades sociales. “Un Estado pequeño necesita ser eficiente, moderno y responder a las diferentes necesidades que los salvadoreños tienen”, afirmó, al señalar que existen instituciones que, por su naturaleza, requieren mayores recursos que otras.
El proyecto, leído por la diputada Elisa Rosales, sostiene que las constituciones “no son leyes eternas” y que el Estado debe distribuir los recursos conforme a criterios de equidad, priorizando áreas como salud, seguridad pública y educación.
Desde la oposición, la diputada Cesia Rivas, de Vamos, advirtió que la reforma confirma la falta de independencia entre los órganos del Estado y alertó sobre un posible condicionamiento de la justicia a través del presupuesto.
“Esto es grave por la separación de poderes y la independencia judicial, porque hoy con el presupuesto van a venir a condicionar procesos y justicia”, señaló. Añadió que tribunales de familia y laborales ya enfrentan una alta carga de trabajo y cuestionó la verdadera intención del oficialismo, comparando la medida con la eliminación del Fodes a las alcaldías.
Los diputados de Nuevas Ideas negaron que la reforma implique un recorte automático al presupuesto judicial. Elisa Rosales aseguró que el cambio responde a un enfoque moderno de gestión pública, basado en resultados y necesidades reales. “Buscamos garantizar el mejor uso del dinero del pueblo salvadoreño”, afirmó.
El diputado Walter Coto, también de Nuevas Ideas, sostuvo que la plenaria del 16 de diciembre “está transformando el país” y que la reforma busca generar un equilibrio y una asignación no automatizada de recursos. “No estamos disminuyendo ni aumentando el presupuesto, sino asignándolo bajo criterios de razonabilidad”, aseguró, y añadió que con estas decisiones se están modificando gradualmente cláusulas pétreas de la Constitución.
Cesia Rivas replicó que no es cierto que solo el Órgano Judicial tenga privilegios presupuestarios, al señalar que la Asamblea Legislativa define su propio presupuesto sin intervención del Ministerio de Hacienda. “¿Van a homologar esto con los demás órganos del Estado o solo ustedes van a quedar con ese privilegio?”, cuestionó.
Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, recordó que la asignación del 6 % al Órgano Judicial surgió tras los Acuerdos de Paz de 1992, con el objetivo de garantizar una independencia real de la Corte Suprema de Justicia frente al Legislativo y el Ejecutivo.
Actualmente, el artículo 172 establece que el Órgano Judicial debe recibir al menos el 6 % de los ingresos corrientes del Estado. Para 2025, el presupuesto judicial fue de $492.3 millones, mientras que para 2026 se proyecta un monto de $533.4 millones.