Con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos, que otorga a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) la facultad de aprobar los precios que cobrará al público por los servicios y productos que ofrezca, previa autorización del Ministerio de Hacienda.
La modificación también establece que el patrimonio de ANDRES estará conformado, entre otros recursos, por los ingresos provenientes del pago de sus servicios y productos. Aunque el decreto no especifica cuáles serán esos servicios, el director general de ANDRES, Alexander Gil Arévalo, explicó que se busca definir un pliego tarifario para la comercialización de residuos voluminosos como electrodomésticos, llantas, colchones y vidrio, entre otros.
Además, la reforma amplía el uso del Fondo Especial creado para la gestión de residuos, permitiendo que sus recursos puedan destinarse al funcionamiento institucional, así como a asocios y contratos con terceros para la recolección, aprovechamiento o disposición de desechos. También se autoriza que dicho fondo pueda utilizarse para pignorar, pagar préstamos o titularizar activos.
Otro cambio relevante elimina el requisito de que los vocales del tribunal sancionador sean abogados, sustituyéndolo por la exigencia de poseer título universitario, y suprime la obligación de contar con experiencia en legislación ambiental o procedimientos sancionatorios.