El gobierno de Perú declaró estado de emergencia por 30 días en Lima Metropolitana y el puerto del Callao, medida que permitirá el despliegue de las fuerzas armadas en las calles y restringirá derechos fundamentales como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, afectando a más de 10 millones de ciudadanos.
El anuncio fue realizado este martes por el presidente José Jerí, en un mensaje televisado en el que justificó la medida por el alarmante crecimiento de la criminalidad y la violencia vinculada al crimen organizado.
“Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad. Pasamos de la defensiva a la ofensiva”, declaró el mandatario, acompañado de su gabinete.
Con el decreto en vigencia desde la medianoche del miércoles, el gobierno autoriza a las fuerzas armadas a patrullar junto con la policía para controlar el orden interno. Asimismo, se prohíbe la circulación de dos personas en una misma motocicleta, una práctica que ha sido asociada con casos de sicariato.
Esta es la primera medida de gran alcance adoptada por el nuevo gobierno, instalado hace apenas dos semanas tras la destitución de Dina Boluarte en el Congreso, en medio de una crisis institucional y creciente presión social.
La inseguridad ciudadana se ha posicionado como uno de los problemas más graves del país. Entre enero y octubre de 2025, al menos 47 conductores fueron asesinados por sicarios en Lima y Callao, según datos del gremio del transporte ANITRA.
Las denuncias por extorsión también han registrado un aumento drástico: más de 20.700 casos entre enero y septiembre de 2025, un crecimiento del 28,8 % respecto al mismo periodo del año anterior. En 2024, se contabilizaron 17.519 denuncias en total.
La decisión del Ejecutivo se produce días después de protestas masivas en la capital, donde una persona murió y más de un centenar resultaron heridos —entre civiles y policías— durante enfrentamientos cerca del Congreso el pasado 15 de octubre.
Las movilizaciones expresaron el rechazo a la inseguridad, al Congreso y al nuevo gobierno derechista de Jerí, quien enfrenta desde ya un panorama marcado por la desconfianza ciudadana y la presión social.
Desde 2016, Perú ha tenido siete presidentes y arrastra una prolongada crisis política que ha debilitado las instituciones y erosionado la confianza en el sistema democrático.