El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador otorgó una suspensión condicional del procedimiento a José Kamen y Erika Juárez, representantes de la Asociación Protectora de Aves de El Salvador (Aproaves), quienes enfrentaban cargos por varios delitos, entre ellos depredación de fauna protegida.
Con esta resolución, ambos podrán continuar al frente del refugio de aves mientras realizan los trámites correspondientes para obtener los permisos ambientales ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
“Esta decisión representa una oportunidad para que Aproaves siga con su misión de rescate y rehabilitación de aves en el país, ahora bajo los lineamientos legales necesarios”, explicó el abogado Carlos Salman, defensor de los imputados.
Durante la audiencia, el abogado Jaime Cárcamo informó que el tribunal emitió sobreseimiento definitivo por los delitos de hurto, extorsión y ejercicio ilegal de la profesión, al determinarse que no existían pruebas suficientes para sostenerlos.
Según Cárcamo, el único punto que permaneció en discusión fue el de depredación de fauna, sobre el cual se alcanzó una salida alterna que permitirá a la asociación regularizar su situación legal ante las autoridades ambientales.
Por su parte, Erika Juárez indicó que Aproaves cuenta con registro en el Ministerio de Gobernación como asociación, pero reconoció la necesidad de formalizar su estatus ante el MARN para continuar con su labor de protección de aves silvestres.
Fundada en 2019, Aproaves se dedica al rescate, rehabilitación y liberación de aves en situación de riesgo. En sus instalaciones se han atendido más de 200 ejemplares, entre ellos especies amenazadas como gavilanes, auroras y palomas de castilla.
Kamen y Juárez fueron detenidos el 9 de octubre de 2025 en el distrito de Colón, La Libertad Oeste, y liberados tres días después. La Fiscalía General de la República los acusó de hacerse pasar por veterinarios y funcionarios del MARN para ingresar a viviendas y apropiarse de aves, señalamiento que la defensa calificó como infundado.
Con la nueva resolución, los representantes de Aproaves podrán continuar su labor bajo supervisión judicial, mientras gestionan la legalización ambiental requerida para seguir operando.