La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) informó este jueves que los ambientalistas vinculados al caso Santa Marta no retornarán a El Salvador hasta que la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Vicente adquiera firmeza.
El tribunal absolvió nuevamente a ocho excombatientes y líderes comunitarios —Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio— de los delitos de asesinato y asociaciones ilícitas, al considerar que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) eran insuficientes para establecer su culpabilidad.
Los acusados fueron señalados por el homicidio de María Inés Alvarenga en 1989, durante el conflicto armado, cuando integraban la Resistencia Nacional. Sin embargo, esta es la segunda vez que un tribunal concluye que no hay elementos para responsabilizarlos.
Alfredo Leiva, representante de ADES, explicó que los procesados recibieron con alivio la resolución, pero mantienen su decisión de permanecer fuera del país. “No confían en el sistema judicial y esperan que la absolución sea declarada firme antes de regresar”, señaló.
Diversas organizaciones sociales, entre ellas el Foro Nacional del Agua, el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico y el Bloque de Resistencia Popular, exigieron a la FGR no presentar una nueva apelación y pidieron a la Cámara de San Vicente rechazar cualquier intento de prolongar el proceso.
Aunque fueron exonerados penalmente, los jueces establecieron una responsabilidad civil abstracta para cuatro de los acusados, lo que podría derivar en un proceso posterior de indemnización. Las comunidades expresaron preocupación ante esta medida, advirtiendo que podría abrir la puerta a nuevas acciones judiciales en su contra.
Este caso ya había tenido un fallo absolutorio en octubre de 2024, emitido por el Tribunal de Sensuntepeque, pero la apelación de la Fiscalía obligó a repetir el juicio. ADES sostiene que el proceso responde a una persecución contra líderes comunitarios que encabezaron la oposición a la minería metálica en el país.