El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes la designación de la pandilla Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y como Entidad Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT).
“Barrio 18 es una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio y ha perpetrado ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras”, señaló la institución en un comunicado.
La medida busca bloquear fuentes de financiamiento y restringir los movimientos internacionales de sus integrantes y colaboradores. Según el comunicado, estas acciones forman parte de la estrategia de Washington para interrumpir el flujo de ingresos ilícitos que sostienen a pandillas y cárteles.
La designación se realizó bajo la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Orden Ejecutiva 13224, y entrará en vigor tras su publicación en el Registro Federal de Estados Unidos.
El Barrio 18, junto con la Mara Salvatrucha (MS-13), ha sido señalado como responsable de miles de homicidios, extorsiones y otros delitos en El Salvador y la región. Desde marzo de 2022, el gobierno salvadoreño mantiene un régimen de excepción con el que más de 80,000 pandilleros y colaboradores han sido encarcelados, lo que ha generado una drástica reducción en la tasa de homicidios.
Cabe recordar que en 2015 la Sala de lo Constitucional de El Salvador ya había declarado a la MS-13 y al Barrio 18 como grupos terroristas, al considerar que toda estructura criminal que intente arrogarse potestades del Estado representa una amenaza a la soberanía y el orden democrático.
La decisión de Washington se suma a las sanciones anunciadas en febrero de 2025 contra la MS-13, el grupo venezolano Tren de Aragua y varios de los cárteles mexicanos más violentos, incluidos Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noreste, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y los llamados “Cárteles Unidos”.
Con la nueva clasificación, los miembros y colaboradores del Barrio 18 enfrentarán sanciones financieras y restricciones migratorias, reforzando así la estrategia estadounidense contra las estructuras criminales transnacionales que operan en Centroamérica y México.