El Ministerio de Hacienda informó que, hasta julio de 2025, la deuda del Estado con los fondos de pensiones administrados por las AFP asciende a $11,070.6 millones.
De ese total, $8,394.8 millones corresponden a obligaciones adquiridas antes de la reforma de 2022, a través de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) emitidos por el Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP), actualmente disuelto. Tras la reforma, estos títulos fueron convertidos en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que cuentan con un periodo de gracia de cuatro años en el que no se pagan intereses ni amortizaciones de capital.
La deuda adicional generada después de la reforma asciende a $2,675.8 millones, lo que representa el 24.2 % del total.
El Ministerio de Hacienda aclaró que la cifra total supera por primera vez los $11,000 millones y difiere de los datos preliminares del Banco Central de Reserva, que se basan en información del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
El Fondo Monetario Internacional (FMI) exige al Gobierno presentar, antes del 10 de febrero de 2026, una propuesta de reforma de pensiones que contemple los costos fiscales asociados a la reforma de 2022, la cual estableció que los saldos individuales de los cotizantes financien las pensiones pendientes del sistema público. La evaluación actuarial de esta reforma deberá publicarse a finales de septiembre de 2025.
Actualmente, El Salvador cuenta con dos sistemas de pensiones:
-
Sistema público (SSP): 88,000 beneficiarios y 2,300 contribuyentes.
-
Sistema privado (AFP): 950,000 cotizantes y 128,000 jubilados.
El FMI destacó que, a marzo de 2025, el 89 % de los fondos de las AFP se mantiene invertido en títulos de deuda estatal, lo que convierte a los ahorros privados en la principal fuente de financiamiento de las pensiones del sistema público.