La Cámara Ambiental de Segunda Instancia, con sede en Santa Tecla, admitió este miércoles todas las pruebas presentadas en el proceso civil contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Handal de Lazo, señalados de enriquecimiento ilícito por más de $392,000. Con esta decisión, el caso pasará a la fase probatoria.
Durante la audiencia, fueron aceptados los documentos presentados tanto por la Fiscalía General de la República (FGR) como por la defensa. El exparlamentario celebró la resolución y aseguró que esto refuerza su confianza en el sistema judicial. “Las magistradas han admitido todas nuestras pruebas, con las que vamos a demostrar que no hubo enriquecimiento ilícito”, declaró Soto.
La FGR sostiene que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectó 25 irregularidades en el patrimonio del exdiputado y su esposa. Entre ellas se incluyen depósitos bancarios sin justificación, pagos de préstamos, liquidación de tarjetas de crédito y adquisición de vehículos. El monto señalado asciende a $392,989.62.
De ese total, a Soto Lazo se le atribuyen 18 irregularidades por $332,409.19, mientras que a su esposa se le señalan siete inconsistencias por $60,585.43.
El abogado defensor, Wilmer Marín, afirmó que la pericia presentada por su equipo permitirá desvirtuar las acusaciones. Además, explicó que la Cámara deberá solicitar a la Corte de Cuentas de la República un listado de peritos para analizar la documentación. La audiencia probatoria podría realizarse en un plazo aproximado de seis meses.
Soto Lazo es uno de los cinco exdiputados enviados a juicio civil en abril por la CSJ, luego de que la Corte Plena analizara los informes de Probidad que detallan presuntas irregularidades en su patrimonio.