La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dio dictamen favorable este lunes al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que financiará la implementación del nuevo Sistema de Pago Electrónico (SPE) en el transporte público del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El proyecto, con un primer componente de $22 millones, contempla la adquisición de equipamiento, software y una consultoría para elaborar un plan de movilidad sostenible. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la iniciativa busca modernizar la planificación del transporte y mejorar la experiencia de los usuarios.
El director general de inversión y crédito público, Marlon Herrera, explicó que tras la aprobación en el pleno legislativo y la firma del contrato, los recursos podrían incorporarse al presupuesto nacional en el último trimestre del año. El préstamo será desembolsado en un periodo de cinco años, con un plazo de pago de 25 años y 5.5 años de gracia. La ejecución estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).
Además del SPE, el programa contempla la creación de un Centro de Inteligencia de Datos para analizar patrones de movilidad, y un segundo componente de $35 millones destinado a mejorar la seguridad vial. Este incluirá señalización, barreras protectoras, cruces peatonales y eliminación de obstáculos en la Autopista a Comalapa y la Carretera Troncal del Norte, corredores que concentran cerca del 30 % de los accidentes de tránsito.
También se financiará una consultoría para la formación y certificación de instructores de motociclistas, mientras que un tercer componente de $3 millones se usará para administración, evaluación y auditorías.
Hacienda señaló que este programa se complementa con otras medidas del Ejecutivo, como la renovación de la flota de buses, la reorganización de rutas y acciones para la reducción de riesgos.
En la misma sesión, los diputados emitieron otros dictámenes favorables: uno para ratificar el incremento de $250 millones a $400 millones en un crédito del BCIE destinado al Fondo de Conservación Vial (Fovial), y dos préstamos del Banco Mundial, por $250 millones y $100 millones, enfocados en sostenibilidad fiscal y emergencias, respectivamente.