La Asamblea Legislativa aprobó modificaciones a seis artículos de la Ley Contra el Crimen Organizado que permitirán ejecutar investigaciones y presentar acusaciones contra pandilleros y colaboradores detenidos en el marco del régimen de excepción.
El objetivo de las reformas es incrementar la eficiencia en la determinación de responsabilidades de organizaciones criminales y terroristas, facilitando un enfoque estratégico para su combate. Según el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, estas modificaciones no prolongan la detención, sino que dotan a las autoridades de herramientas legales para asegurar que los implicados en delitos graves no puedan reincidir.
Villatoro explicó que diligenciar procesos con más de 400 imputados mediante procedimientos penales ordinarios era difícil. Con las reformas, se facilita el enfrentamiento a estructuras de crimen organizado, y hasta ahora se han desarticulado más de 600 pandillas bajo el régimen de excepción.
El ministro destacó que el sistema judicial previo presentaba serias deficiencias, donde delincuentes comunes y homicidas salían de prisión con facilidad debido a una normativa considerada excesivamente garantista, vigente desde abril de 1998. Con las enmiendas, el Gobierno asegura tener capacidad para procesar a los más de 89,000 pandilleros y colaboradores detenidos durante la actual política de seguridad.