El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, anunció este miércoles la apertura de una investigación contra el comité de acción política (PAC) Powered by The People, liderado por el excongresista y excandidato presidencial demócrata Beto O’Rourke, bajo acusaciones de presunto financiamiento ilegal de sobornos.
La pesquisa se centra en los apoyos económicos otorgados por dicha organización a un grupo de legisladores demócratas que abandonaron el estado para impedir la aprobación de una nueva redistribución de distritos electorales favorable al Partido Republicano.
La medida de Paxton ocurre en un contexto de creciente tensión partidista. Esta es la más reciente acción de represalia del gobierno republicano de Texas contra los demócratas que, al abandonar el estado, rompieron el quórum legislativo, impidiendo avanzar en la aprobación del nuevo mapa electoral impulsado por aliados del expresidente Donald Trump.
“Cualquier demócrata cobarde que viole la ley al aceptar un soborno de Beto debería rendir cuentas. Texas no puede ser comprado ni traicionado”, declaró Paxton en un comunicado.
La Constitución estatal exige la presencia de dos tercios de los legisladores para sesionar oficialmente. En 2021, Texas aprobó una ley que sanciona con $500 diarios a quienes se ausenten deliberadamente para bloquear el funcionamiento legislativo.
Según el medio The Texas Tribune, el PAC de O’Rourke ha costeado multas, viajes y estadías de los legisladores como parte de una estrategia de protesta política, lo que ahora Paxton califica como parte de un esquema ilegal.
La investigación se suma a otras medidas del gobernador Greg Abbott, quien este martes presentó una demanda ante la Corte Suprema estatal para destituir a Gene Wu, líder demócrata en la Cámara Baja local. Además, Abbott emitió órdenes de arresto contra los legisladores ausentes, aunque estas solo tienen validez dentro de Texas.
Unos 50 legisladores demócratas salieron del estado el pasado domingo, en señal de protesta por un nuevo mapa electoral que otorgaría cinco escaños adicionales a los republicanos en la Cámara de Representantes federal, llevándolos de 25 a 30 de los 38 escaños que le corresponden a Texas.
La medida ha sido altamente controversial, ya que se produce fuera del calendario habitual de redistribución electoral, que ocurre cada 10 años tras el censo nacional.
El redibujo del mapa electoral fue impulsado por sectores afines al expresidente Donald Trump como parte de una estrategia para fortalecer la mayoría republicana de cara a las elecciones legislativas de 2026.
Organizaciones civiles han advertido que este tipo de maniobras —fuera del ciclo censal— podrían socavar los principios de representación equitativa y aumentar la polarización política en estados clave como Texas.