El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez (2002–2010), fue condenado este viernes a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, según una sentencia anticipada emitida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
La jueza Sandra Heredia impuso además una multa superior a los 3,400 millones de pesos colombianos (alrededor de 822,000 dólares) e inhabilitó a Uribe por más de ocho años para ejercer cargos públicos. El fallo se convierte en un hito judicial al tratarse de la primera condena penal contra un expresidente colombiano en funciones.
El expresidente, de 73 años y fundador del partido Centro Democrático, deberá cumplir la pena en su residencia en Rionegro, Antioquia. La jueza ordenó al Centro de Servicios Judiciales de ese municipio expedir la boleta de encarcelación correspondiente y proceder a su traslado inmediato.
Fundamento y alcance de la condena
La sentencia, de más de 1,100 páginas, detalla que Uribe fue hallado culpable por intentar manipular testigos que podrían haber declarado sobre sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Entre los testigos involucrados se encuentran Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés, quienes, según la jueza, fueron objeto de soborno por personas interpuestas.
La pena base de 91 meses por soborno fue ampliada por concurso homogéneo, sumando 29 meses adicionales, y posteriormente se añadieron dos años más en función del delito de fraude procesal, lo que da como resultado final una condena de 144 meses, es decir, 12 años.
En la audiencia inicial del lunes pasado, la Fiscalía había solicitado una condena de nueve años de prisión y una multa de 1,458 millones de pesos, pero el tribunal decidió imponer una sanción mayor, argumentando la gravedad de los hechos.
Contexto del caso y reacciones
El proceso judicial se remonta a 2012, cuando el propio Uribe denunció al senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema archivó esa investigación y, en cambio, abrió un expediente contra Uribe por los mismos hechos. La jueza Heredia consideró que la Fiscalía presentó pruebas concluyentes sobre la interferencia del expresidente en el curso de un proceso judicial.
Durante la lectura del fallo, Heredia afirmó que Uribe utilizó su poder político para influir indebidamente en el testimonio de testigos clave. Fue absuelto de uno de los cargos originales, el de soborno simple, pero hallado culpable en tres eventos distintos de soborno agravado y fraude procesal.
La defensa de Uribe ya anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, lo que abrirá una nueva etapa en este emblemático proceso judicial que ha sacudido el panorama político colombiano.