La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que el próximo 31 de julio se excarcelarán a 1,500 presos comunes con sentencia firme, quienes serán beneficiados con el régimen de convivencia familiar, lo que les permitirá regresar a sus hogares y vivir con sus familias. Con esta nueva liberación, el total de beneficiados por este régimen durante el año 2025 ascenderá a 6,200 personas.
Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, anunció el acto a través de los medios oficiales, detallando que 1,375 de los excarcelados son hombres y 125 mujeres. Los liberados serán parte de un acto simbólico que se llevará a cabo en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, conocida como ‘La Modelo’, ubicada cerca de Managua, así como en otras siete cárceles del país. En su mensaje, la copresidenta destacó que esta medida ofrecerá a los excarcelados una «oportunidad para avanzar en buenos caminos» y reinsertarse en la sociedad.
Con esta medida, las autoridades nicaragüenses habrán liberado a 53,164 prisioneros comunes en los últimos diez años, según datos del gobierno. De estos, alrededor del 7.18% ha reincidido en delitos, lo que ha sido objeto de críticas por parte de sectores feministas y organizaciones de derechos humanos. En particular, se ha señalado que la liberación de ciertos reos ha contribuido al aumento de la violencia, incluido el incremento de feminicidios en el país.
El Gobierno de Nicaragua ha adoptado esta medida con regularidad, otorgando libertad condicional a los prisioneros en fechas significativas como la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre, la conmemoración de la Revolución Sandinista, y las festividades de Navidad. En 2024, por ejemplo, se excarcelaron 9,200 prisioneros, la cifra más alta en la última década.
El gobierno nicaragüense también ha otorgado beneficios de excarcelación en otras fechas conmemorativas, como el Día Internacional de la Mujer, el 4 de mayo por el Día de la Dignidad Nacional, el 18 de julio por el 130 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, y en el Día de San Valentín, entre otras ocasiones. Este tipo de medidas es visto por algunos como un gesto político del gobierno para mostrar apoyo a sectores específicos de la población, mientras que otros lo consideran una forma de reducir la población penitenciaria en momentos de tensión política o social.
La práctica de liberar a convictos comunes antes de que cumplan su sentencia ha generado un amplio debate en Nicaragua. Organizaciones feministas han cuestionado la efectividad de esta política, argumentando que la liberación de personas condenadas por delitos graves ha incrementado la violencia en el país. En particular, se ha señalado que los feminicidios y la delincuencia en general han aumentado tras estas liberaciones, lo que ha despertado temores sobre la seguridad de las mujeres y otros sectores vulnerables.
En respuesta, el gobierno ha defendido estas medidas como parte de una estrategia de «reinserción social» que busca reducir la sobrepoblación penitenciaria y ofrecer una segunda oportunidad a aquellos que han cumplido parte de su condena. No obstante, la falta de un sistema de control y seguimiento efectivo para estos individuos ha alimentado las críticas.
A medida que continúan las liberaciones, las autoridades nicaragüenses mantienen que esta política es esencial para avanzar en la reestructuración del sistema penitenciario y ofrecer una oportunidad de reintegración a quienes han cumplido con los requisitos legales. Sin embargo, el debate sobre los riesgos y beneficios de estas liberaciones sigue siendo un tema clave en el ámbito político y social del país, con opiniones divididas sobre su impacto en la seguridad pública.
En cualquier caso, las autoridades nicaragüenses han reafirmado su compromiso con este tipo de medidas, que continúan siendo una característica distintiva de la administración de Daniel Ortega.