El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio continúa con el proceso que determinará si 11 inmuebles, tres vehículos, una motocicleta y más de $500,000 en dinero decomisado a una familia de Sonsonate deben pasar al Estado. La audiencia de sentencia recibió las declaraciones de testigos clave en el caso.
Tres fiscales de la Unidad Especializada en Extinción de Dominio presentaron su argumento de que los bienes y el dinero incautado a Norma Urania de León Escolar, Douglas Enrique Figueroa, Jorge Alberto Valladares de León y Edwin Giovanni Valladares de León, son producto de actividades ilícitas relacionadas con presuntos vínculos con la Mara Salvatrucha.
En su defensa, la abogada Lucrecia Landaverde, representante legal de los afectados, presentó testimonios de dos familiares de Norma Urania de León Escolar, incluido su hijo, quien declaró ante el juez que su madre se ha dedicado a actividades comerciales legítimas desde antes de 1990. Según el testimonio, Norma Urania de León es la propietaria del Night Club La Puerta Negra en Acajutla, un negocio con licencia de funcionamiento otorgada por la alcaldía local. Además, su hijo destacó que el negocio siempre ha contado con libros de contabilidad y ha cumplido con los pagos de impuestos mensuales.
Figueroa, también parte del núcleo familiar implicado, sostuvo que la Policía Nacional Civil (PNC) y el Cuerpo de Agentes Municipales realizan frecuentes supervisiones en el establecimiento, incluyendo controles con perros antidrogas, sin que se hayan encontrado evidencias de actividades ilícitas. «Mi mamá nunca ha pertenecido a pandillas, no entiendo por qué la vinculan con eso», expresó Figueroa.
Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que los implicados están relacionados con el delito de agrupaciones ilícitas, específicamente como colaboradores de la clica Acajutlas Locos Salvatruchos. Según las investigaciones, las autoridades iniciaron las pesquisas luego de un informe que alertaba sobre un incremento sospechoso en los bienes de Norma Urania de León, quien fue detenida en el contexto del régimen de excepción.
Los fiscales presentaron como prueba un peritaje patrimonial que intenta demostrar que el aumento de los bienes de la familia supera los $500,000. Este informe es complementado con documentos y las declaraciones de los testigos.