El Gobierno salvadoreño acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) adelantar la presentación de una nueva Ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo ante la Asamblea Legislativa para antes de agosto de 2025, según el informe oficial 25/190 publicado el pasado 15 de julio.
La normativa formará parte de las acciones del país para alinearse con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), especialmente con la recomendación 15, que exige regular a los proveedores de servicios de activos virtuales, como parte de los esfuerzos por prevenir delitos financieros a través de nuevas tecnologías.
El borrador de la nueva legislación también incluirá disposiciones para someter a abogados, notarios, contadores y auditores a mecanismos de supervisión con enfoque en riesgos, así como para garantizar la actualización y transparencia de la información sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas inscritas en El Salvador.
Además, el acuerdo con el FMI prevé la aprobación de una ley específica sobre criptomonedas para diciembre de 2025, con el fin de fortalecer su regulación y supervisión en el país.
En cuanto a la transparencia en la función pública, el gobierno se comprometió a publicar las declaraciones de bienes de los altos funcionarios públicos a finales de 2026, como parte de los avances en gobernanza.
En su evaluación, el FMI reconoció que El Salvador ha mostrado un desempeño sólido bajo el programa del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), destacando el crecimiento económico, la corrección de desequilibrios macroeconómicos y los avances iniciales en gobernanza y transparencia.
No obstante, el director gerente adjunto del organismo, Nigel Clarke, subrayó la necesidad de mantener el rumbo y profundizar las reformas. En particular, pidió una aplicación imparcial y coherente de la nueva Ley Anticorrupción, aprobada en febrero de este año.
También hizo énfasis en elevar los estándares de información fiscal, mejorar el acceso a los contratos públicos y fortalecer los mecanismos de transparencia en el manejo de fondos estatales.
Respecto al uso de bitcoin, el FMI reiteró su postura: instó a una reducción progresiva de la participación estatal en la billetera electrónica gubernamental, así como a una supervisión más estricta de los criptoactivos para proteger a usuarios e inversionistas, mitigando riesgos financieros.