El Ministerio Público de Honduras realizó este miércoles una incautación de documentos en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el marco de una investigación sobre un posible uso indebido de recursos públicos para financiar actividades políticas del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
La acción fue ejecutada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para analizar la asignación y destino de los recursos del Programa de Administración Solidaria, que estarían vinculados al presunto desvío de fondos. Esta investigación llevó a la renuncia del exsecretario José Carlos Cardona la semana pasada, tras la difusión de un video en el que se le escucha en una conversación telefónica con la diputada Isis Cuéllar, vicepresidenta del Parlamento y también señalada en el caso.
El caso ha generado fuerte presión pública y política. La candidata presidencial oficialista, Rixi Moncada, exigió la suspensión inmediata de Cuéllar tanto en sus funciones legislativas como en su militancia en Libre. Además, hizo un llamado a que los diputados renuncien al fuero parlamentario para que puedan ser investigados y rendir cuentas ante la Fiscalía.
Como parte del proceso, las autoridades revisan 40 cheques emitidos por Sedesol, que suman un total aproximado de 4.7 millones de lempiras (unos 180 mil dólares), correspondientes a los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025, dentro de un fondo aprobado por el Parlamento de casi 950 millones de lempiras (cerca de 38.5 millones de dólares).
La Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción reportó serias deficiencias administrativas y financieras, entre ellas irregularidades en la emisión de cheques, fallas en controles internos y problemas en la liquidación de los fondos.
El fiscal general, Johel Zelaya, informó que la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) lleva adelante una investigación independiente, sin interferir con auditorías paralelas del Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Transparencia.
Zelaya advirtió que, en caso de encontrarse responsables, serán procesados judicialmente, subrayando la importancia de que los recursos públicos se usen con transparencia y conforme a su propósito legítimo.
Los fondos bajo investigación estaban destinados a proyectos de infraestructura menor, obras sociales y becas, ejecutados por organizaciones comunitarias, juntas de agua, patronatos, alcaldías y otras entidades locales.