El Gabinete de Seguridad informó que aumentó a 48 el número de personas detenidas por su presunta vinculación con la estructura delictiva conocida como “Raza Estudiantil”, conformada en centros educativos del país. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, detalló que se trata de 34 adultos y 14 menores de edad, algunos de los cuales desempeñaban roles jerárquicos dentro de la agrupación.

La intervención se realizó el pasado 24 de junio en cuatro instituciones educativas: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Instituto Nacional Albert Camus, Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Acción Cívica Militar, según confirmó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los capturados enfrentan acusaciones por los delitos de agrupaciones ilícitas, amenazas, delitos sexuales, conspiración para asesinar a agentes policiales, así como falsificación y alteración de monedas, indicó el fiscal general, Rodolfo Delgado.

Uno de los aspectos más graves señalados por las autoridades involucra agresiones sexuales dentro de las instalaciones escolares. “Tenemos casos lamentables en los que estas personas introducían a alumnas a los baños con la intención de abusar de ellas, mientras otros se encargaban de mantener alejados a docentes o compañeros que intentaban intervenir”, denunció Delgado.

El ministro Villatoro enfatizó que en el pasado existieron leyes que, según dijo, obstaculizaban la capacidad del Estado para actuar ante delitos cometidos por menores. “Tienen que entender que vamos a llegar a la complejidad en las leyes y en las acciones que necesitamos para salir adelante”, expresó.

En la conferencia de prensa, las autoridades también hicieron un llamado a padres y docentes a reflexionar sobre el entorno educativo de los adolescentes. “Los responsables de la crianza deben hacer un examen de conciencia”, agregó el fiscal general.

La vocería oficial no permitió preguntas de la prensa y confirmó que los detenidos fueron remitidos a centros de detención, luego de realizar chequeos médicos y permitir el contacto con sus padres, el 25 de junio en la Procuraduría General de la República.

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