El ciudadano salvadoreño Kilmar Ábrego García, acusado de tráfico de personas por autoridades federales en Estados Unidos, continuará detenido hasta al menos el 16 de julio, mientras un tribunal federal evalúa su situación migratoria y penal. Así lo resolvió la jueza Barbara Holmes este lunes, tras aceptar una solicitud de la defensa para aplazar su liberación supervisada.
Ábrego García, quien fue deportado por error a El Salvador en marzo pasado a pesar de contar con protección migratoria desde 2019, fue regresado posteriormente a Estados Unidos para enfrentar dos cargos por tráfico humano, presentados por un gran jurado federal en mayo. El salvadoreño se ha declarado inocente.
Su caso ha generado controversia en medio de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, que mantiene como prioridad la deportación masiva de inmigrantes. El Departamento de Justicia solicitó inicialmente su detención permanente hasta el juicio, pero la jueza Holmes rechazó esa petición, autorizando su liberación bajo condiciones. No obstante, los abogados defensores pidieron postergar su salida ante el riesgo de que Ábrego fuese inmediatamente capturado por autoridades migratorias y deportado antes de enfrentar el juicio, lo que complicaría el proceso judicial.
Durante una audiencia reciente, tanto la defensa como los fiscales federales coincidieron en que si el acusado es transferido a la custodia del Departamento de Seguridad Nacional, podría ser enviado a un tercer país, lo cual pondría en riesgo su derecho a un juicio justo en Estados Unidos. Ante ese escenario, el gobierno no se opuso a retrasar temporalmente la liberación.
“La breve demora permite proteger el debido proceso del señor Ábrego y evitar una remoción que podría entorpecer el desarrollo del juicio”, afirmaron sus abogados en un escrito ante el tribunal.
Mientras se resuelve la situación, Ábrego García permanecerá en custodia de los US Marshals, separado del resto de los reclusos y con acceso privado a sus abogados defensores. La audiencia clave está prevista para el 16 de julio, cuando un juez de distrito decidirá si se mantiene o revoca la orden de liberación emitida por la jueza Holmes.