El Gobierno de El Salvador ha iniciado el proceso de registro obligatorio para todas las organizaciones no gubernamentales (ONG), medios de comunicación, fundaciones y personas que reciben fondos desde el extranjero, tras la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros (LAE).
El Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), administrado por el Ministerio de Gobernación, estará abierto hasta el próximo 4 de septiembre. Las entidades que no se registren en ese plazo no podrán realizar actividades, ni movilizar recursos financieros, activos o bienes, según lo establece el artículo 24 de la ley.
«Si recibes fondos del exterior, inscribe tu ONG en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) antes del 4 de septiembre», anunció la institución a través de su cuenta oficial en X. El proceso puede iniciarse por medio del sitio web www.gobernacion.gob.sv/raex/ o llamando al número 7070-3516.
La normativa, vigente desde el 7 de junio, establece además un impuesto del 30 % sobre las donaciones extranjeras, salvo en el caso de organizaciones que demuestren fines exclusivamente sociales o humanitarios, quienes conservarán su exención fiscal.
Desde el Gobierno se ha enfatizado que el objetivo de la ley es garantizar la transparencia en el uso de recursos provenientes del exterior y evitar su utilización con fines políticos o desestabilizadores. Al respecto, sociólogos como René Martínez y Mauricio Rodríguez señalaron que algunas ONG han perdido su propósito inicial y han sido instrumentalizadas con intereses políticos.
«Existen organizaciones que han usado financiamiento externo para incidir políticamente y generar condiciones de ingobernabilidad. Eso no solo representa una falta de ética, sino también una forma de injerencia extranjera», opinó Martínez.
El presidente Nayib Bukele también defendió la medida, afirmando que la ley distingue entre quienes realmente buscan beneficiar a la población salvadoreña y aquellos que operan por interés propio. “Quienes vienen a ayudar de verdad seguirán exentos de impuestos; los que solo velan por sus intereses, deberán cumplir con sus obligaciones tributarias como todos los demás”, expresó el mandatario el 1.° de junio pasado.
Con la implementación de esta legislación, el Estado salvadoreño busca fortalecer el control institucional sobre los flujos financieros del exterior y establecer reglas claras para todas las entidades que operan bajo ese tipo de financiamiento.