El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo desembolso de $118 millones para El Salvador, como parte del programa de Servicio Ampliado (SAF) de $1,400 millones, y exhortó al país a reforzar su marco legal en materia de transparencia, anticorrupción y control financiero.
Tras completar la primera revisión del programa, el Directorio Ejecutivo del FMI instó a las autoridades salvadoreñas a aplicar de forma imparcial la nueva Ley Anticorrupción, elevar los estándares de información fiscal, mejorar el acceso a datos públicos y reforzar las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en línea con las recomendaciones del GAFI.
“El fortalecimiento de la gobernanza y la transparencia debe continuar”, señaló Nigel Clarke, presidente interino del Directorio del FMI, quien también subrayó que elevar la confianza requiere mayor claridad en los contratos públicos y en el manejo de fondos.
Aunque el FMI elogió los esfuerzos del gobierno salvadoreño para estabilizar sus finanzas, advirtió sobre riesgos derivados de las tensiones comerciales y migratorias, y recomendó reducir aún más el gasto salarial y encaminar la deuda pública hacia una reducción sostenible.
Además, el organismo pidió evitar un aumento en las tenencias de bitcoin del sector público, mejorar la supervisión de los criptoactivos y resolver pronto la situación de la billetera electrónica estatal, Chivo.