El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Jorge Castaneda, confirmó que una docena de empleados de la institución ha sido detenida por su presunta participación en una estructura criminal dedicada a realizar conexiones ilegales al sistema de agua potable a cambio de sobornos.
De acuerdo con la investigación liderada por la Fiscalía General de la República (FGR), los involucrados ofrecían servicios no autorizados a usuarios en zonas del oriente y occidente del país, exigiendo pagos que oscilaban entre $1,000 y $3,000. Los fondos nunca ingresaron a las arcas de la autónoma.
“Estamos depurando la institución. Mediante auditorías detectamos que había usuarios sin registro legal. Los implicados hacían las conexiones, pero omitían reportarlas oficialmente”, explicó Castaneda, quien aseguró que más de 200 personas fueron afectadas por esta red fraudulenta.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana decretó detención provisional para los 12 empleados y ordenó que el caso pase a la etapa de instrucción. Enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas, cohecho, fraude en servicios públicos y estafas agravadas.
Las autoridades no descartan nuevas capturas, ya que las investigaciones continúan para determinar el alcance total de la estructura.