El excomisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión del Gobierno de El Salvador, el colombiano Andrés Guzmán Caballero, afirmó que “aún faltan por capturar 40,000 pandilleros” en el país, ya que —según datos que maneja— se han identificado al menos 120,000 miembros de estructuras criminales dentro del territorio nacional.
“Operando creo que no están, pero no sabemos dónde están y qué están haciendo. Son organizaciones terroristas internacionales, con presencia desde Estados Unidos hasta Panamá”, señaló Guzmán en una entrevista transmitida el 21 de junio de 2025 por el programa Café Jurídico de Focus Noticias Colombia.
Guzmán defendió su gestión como delegado del gobierno salvadoreño entre mayo de 2023 y mayo de 2025, y aseguró que en las cárceles del país no se violan los derechos humanos. “Si se hubiera violado un solo derecho, yo no habría trabajado allí. Soy un hombre decente”, afirmó. “Le puedo meter las manos al fuego porque hoy a ninguna persona privada de libertad se le vulneran sus derechos”, agregó.
Durante la entrevista también fue cuestionado sobre las denuncias internacionales presentadas contra el gobierno salvadoreño por presuntas violaciones a derechos humanos. Guzmán rechazó que el presidente Nayib Bukele pueda terminar siendo procesado por la Corte Penal Internacional (CPI).
“Yo fui abogado de El Salvador durante dos años en la Corte y la Comisión Interamericana. Se presentaron más de 30 denuncias y ninguna prosperó”, aseguró. “Yo celebro todo esfuerzo del mundo por combatir a los terroristas que han sembrado miedo durante décadas”.
Sus declaraciones contrastan con recientes anuncios de organizaciones como la Fundación El Amparo Internacional, que comunicó que presentará una denuncia contra Bukele y su cadena de mando ante la CPI y la CIDH por supuestos crímenes de lesa humanidad.
Defensa del régimen de excepción
El país mantiene vigente la 39.ª prórroga del régimen de excepción, bajo el cual el gobierno afirma haber capturado más de 86,400 miembros de pandillas desde marzo de 2022. Sin embargo, organismos como Cristosal, el Socorro Jurídico Humanitario y el Observatorio Universitario de Derechos Humanos han documentado más de 6,000 denuncias por detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia.
Según una encuesta divulgada el 19 de junio, el 59.7 % de la población respalda la continuidad del régimen, mientras que un 37.4 % considera que deben buscarse alternativas.
Guzmán también reveló que fue contactado por Bukele en medio de críticas al gobierno por supuestas violaciones a derechos humanos. “Recibí una llamada suya en la que me pidió que desarrollara una estrategia para responder a esos cuestionamientos”, relató.
Antes de su vinculación con el Ejecutivo salvadoreño, el colombiano dirigía la empresa de tecnología forense Adalid, la cual —según confesó— quebró durante la pandemia. En ese contexto, aceptó el nombramiento como comisionado de derechos humanos y libertad de expresión, cargo que desempeñó desde mayo de 2023 hasta mayo de 2025, según documentos oficiales.
Actualmente, dijo que evalúa una oferta para trasladarse a Washington, donde trabajaría como consultor en temas legales y políticos relacionados con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.