La propuesta de una nueva Ley de Desarrollo Social presentada por el Ejecutivo ha generado fuertes cuestionamientos de diputadas de oposición, quienes advierten que el proyecto podría convertirse en una normativa “letra muerta” y dejar sin respaldo legal la continuidad de al menos 14 programas sociales implementados desde 2014.
Entre las voces críticas se encuentra la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, quien expresó su preocupación por la omisión explícita de programas como Vaso de Leche, Ciudad Mujer, Pensión Básica Universal, PAQUETE Escolar y PATI, entre otros, que anteriormente eran reconocidos en la ley vigente.
«Nos preocupa que esta propuesta quite la obligación del Estado de brindar cobertura social. Al eliminar la mención específica de los programas, se elimina también el compromiso legal de implementarlos», afirmó Ortiz, quien enfatizó la importancia de una estrategia de protección social amplia, especialmente para madres solteras, adultos mayores y estudiantes.
Por su parte, Marcela Villatoro, diputada de ARENA, señaló que el proyecto crea una nueva entidad —la Dirección Nacional de Desarrollo y Protección Social (DPS)— sin establecer con claridad qué programas ejecutará. «Será una ley muerta, porque deja al arbitrio de unos pocos la decisión de hacer o no hacer», advirtió.
Además, Villatoro criticó la derogación del artículo 30 de la actual ley, que listaba los programas sociales existentes, y denunció que el nuevo texto elimina mecanismos de participación ciudadana para el diseño del plan nacional de desarrollo. “Se está eliminando toda consulta local y territorial, lo que impide conocer de primera mano las necesidades reales de la población”, afirmó.
Otro de los aspectos señalados es la eliminación del carácter público de la medición multidimensional de la pobreza, así como la falta de plazos claros para evaluar los programas sociales, algo que sí estaba regulado en la normativa de 2014.
El proyecto de ley aún no ha sido aprobado. La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno ha convocado al presidente del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (Inabve), Juan Alberto Ortiz, para que brinde más detalles sobre el contenido y los alcances de la iniciativa.
Mientras tanto, las legisladoras de oposición insisten en que los derechos sociales deben respetar el principio de progresividad, es decir, que los beneficios ya alcanzados no pueden ser eliminados, y piden mayor transparencia sobre el futuro de los programas sociales en el país.