A más de dos años de haberse implementado el régimen de excepción, las autoridades de Seguridad Pública de El Salvador reportan un total de 87,088 personas capturadas, presuntamente vinculadas a estructuras criminales que operaban en el país.
La medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele tras una escalada de homicidios ocurrida en marzo de 2022, ha sido prorrogada en 39 ocasiones y forma parte del denominado Plan Control Territorial. Según el Ministerio de Seguridad, el régimen ha permitido la desarticulación de múltiples clicas, entre ellas, estructuras lideradas por cabecillas de alto perfil, extorsionistas y presuntos responsables de homicidios.
Además de las detenciones, las autoridades detallan que se han incautado 4,869 armas de fuego, incluyendo fusiles, pistolas, escopetas y granadas, así como más de 22,700 teléfonos celulares, supuestamente utilizados para coordinar delitos.
En cuanto a bienes materiales, el balance también registra el decomiso de 11,247 vehículos, entre automóviles, motocicletas, microbuses y otros automotores, además de más de $5 millones en efectivo atribuidos a ingresos ilícitos.
En materia de lucha contra el narcotráfico, el gobierno salvadoreño indica que se han incautado más de 48 toneladas de droga, con un valor superior a $1,181 millones, siendo la cocaína la sustancia más confiscada.
El ministro de Defensa, René Merino Monroy, defendió recientemente los resultados de esta estrategia afirmando que “el régimen de excepción ha sido la herramienta legal más eficaz para restablecer la seguridad y el control del territorio nacional”.
Según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop-UCA), el 66.6 % de la población considera que la reducción de la inseguridad es el principal logro de la actual administración en su sexto año de gestión.
La medida fue instaurada el 27 de marzo de 2022, un día después de que el país registrara 76 homicidios en 48 horas, considerado uno de los fines de semana más violentos de los últimos años.