El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador retomó este lunes la vista pública contra el exfiscal general de la República, Luis Martínez, junto a los abogados Héctor Francisco Grimaldi y Julio Adalberto Arriaza, este último exdirector de Intereses de la Sociedad de la Fiscalía.
Luis Martínez enfrenta cargos por los delitos de omisión en la investigación y revelación de hechos o documentos secretos, por presuntamente haber utilizado su cargo para beneficiar al empresario Enrique Rais, según la acusación presentada por el Ministerio Público.
El abogado Julio Arriaza es procesado por actos arbitrarios, mientras que Grimaldi enfrenta cargos por fraude procesal. La vista pública había estado suspendida debido a que Grimaldi no contaba con representación legal, pero el tribunal resolvió solicitar a la Procuraduría General de la República un defensor público, dejando a discreción del acusado la contratación de un abogado particular.
Este caso fue judicializado en agosto de 2016 por el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, cuando la Fiscalía presentó cargos por supuesta falsificación de pruebas en al menos cuatro expedientes judiciales. La acusación también incluye al empresario Enrique Aquiles Rais López, su sobrino Hugo Blanco Rais, y otros colaboradores, entre ellos los abogados Ernesto Gutiérrez, Luis Peña (fallecido), y el exjuez Romeo Aurora Giamattei.
De acuerdo con la Fiscalía, los implicados orquestaron una estrategia para procesar con pruebas falsas a Claudia María Herrera, esposa del abogado Mario Calderón, exrepresentante legal de Rais. Uno de los señalamientos es que, en septiembre de 2015, se fabricó un incidente en el que Herrera supuestamente interceptó y amenazó con armas a Enrique Rais, hecho que, según la investigación, nunca ocurrió.
Asimismo, se denunció la creación de evidencia falsa para vincular a Herrera con un supuesto caso de lavado de dinero por $10 millones, imputación que también alcanzó a su esposo. Las investigaciones concluyeron que todo formaba parte de un plan dirigido desde la Fiscalía durante la administración de Luis Martínez.
La vista pública continuará en los próximos días, y la Fiscalía buscará demostrar la responsabilidad penal de los acusados en el uso indebido del aparato estatal para fines particulares.