El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se encuentra en el epicentro de una grave crisis institucional tras el avance de una investigación por corrupción que involucra a antiguos altos cargos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), incluida su cúpula más cercana.
Este viernes, la Guardia Civil ejecutó órdenes del Tribunal Supremo que incluyeron el ingreso a la sede nacional del PSOE en Madrid para acceder al correo electrónico de Santos Cerdán, exsecretario de Organización y figura clave en la estructura del partido. También se registraron oficinas del Ministerio de Transportes para intervenir las comunicaciones institucionales del exministro José Luis Ábalos.
Ambos están implicados en la denominada “Operación Delorme”, una trama de presunta corrupción que habría comenzado con contratos irregulares durante la pandemia y que se ha extendido a adjudicaciones de obras públicas a cambio de comisiones ilegales.
La investigación se intensificó tras la detención en febrero de 2024 de Koldo García, exasesor de Ábalos, acusado de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Grabaciones obtenidas por García comprometerían directamente a Cerdán y Ábalos en los hechos investigados.
Empresas como Acciona y Servinabar figuran en el expediente por su presunta participación en el pago de sobornos para obtener contratos con entidades como el Ministerio de Transportes, ADIF y la Dirección General de Carreteras. Acciona ha negado los señalamientos y aseguró que el ejecutivo implicado fue separado de la compañía en 2021.
En el plano político, Santos Cerdán presentó su renuncia al partido y a su escaño el pasado 12 de junio, mientras que Ábalos fue expulsado del PSOE por negarse a entregar su acta parlamentaria.
A pesar de la presión, Pedro Sánchez ha reiterado que no contempla dimitir y mantiene su intención de completar el mandato hasta 2027. Sin embargo, tanto el Partido Popular como Vox han exigido la convocatoria de elecciones anticipadas, demanda a la que ahora se suma también la Conferencia Episcopal Española (CEE).
El portavoz y secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, consideró que un adelanto electoral podría ser “una salida al bloqueo institucional”, al tiempo que instó a priorizar “el bien común y el interés general por encima de los intereses partidistas”.
Este nuevo episodio de corrupción ha provocado una fuerte sacudida política y mediática en el país, reabriendo el debate sobre la transparencia y la responsabilidad ética en el ejercicio del poder.