El equipo legal de Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño deportado erróneamente por las autoridades estadounidenses, presentó este domingo una solicitud ante una corte federal en Maryland para que se declare en desacato al Gobierno de Donald Trump por incumplir una orden judicial que exigía su regreso al estado donde reside su familia.
A pesar de que un fallo previo instruía el retorno de Ábrego a Maryland, donde enfrenta un proceso civil relacionado con su expulsión ilegal, el inmigrante fue trasladado a una prisión en Tennessee. En ese estado, enfrenta nuevos cargos federales por presunto tráfico de personas, según informó el Departamento de Justicia.
La defensa de Ábrego sostiene que el Gobierno actuó de forma deliberada para eludir la orden de la jueza Paula Xinis, quien había exigido su presencia en Maryland. El traslado a Tennessee fue calificado por los abogados como una maniobra para obstaculizar el cumplimiento de la justicia y desacatar decisiones judiciales vigentes.
La fiscal estadounidense Pam Bondi confirmó el viernes que Ábrego fue acusado formalmente por supuestamente haber transportado migrantes indocumentados desde Texas hacia otros estados entre 2017 y 2024, aunque sus abogados niegan todas las imputaciones y aseguran que se trata de una represalia por su demanda contra el Gobierno.
“El Ejecutivo ha actuado en desafío directo al poder judicial, ignorando múltiples órdenes de los tribunales y comprometiendo gravemente el equilibrio constitucional”, señalaron los abogados en el documento presentado ante la corte.
El caso ha despertado preocupación entre juristas y organizaciones defensoras de los derechos civiles, quienes advierten que el trato hacia Ábrego podría sentar un peligroso precedente sobre la separación de poderes y el respeto al debido proceso.
Ábrego fue deportado junto a más de 230 salvadoreños, a pesar de contar con protección legal contra la expulsión. La Corte Suprema y la jueza Xinis ya habían determinado que su deportación fue ilegal y habían exigido su retorno al país, algo que el Ejecutivo se había negado a ejecutar hasta la semana pasada, cuando lo hizo bajo nuevos cargos penales.
De ser hallado culpable de los delitos federales presentados en Tennessee, el inmigrante podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Sus abogados mantienen que las acusaciones son infundadas y forman parte de una estrategia política para silenciar su caso.