La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó allanamientos en cinco inmuebles vinculados al abogado constitucionalista Enrique Anaya, entre la noche del sábado 7 y la madrugada del domingo 8 de junio, confirmó este lunes su abogado defensor, Jaime Quintanilla.
Entre las propiedades intervenidas se encuentran oficinas y residencias personales y familiares en zonas como Santa Elena, colonia Miramonte, Pinares, Los Héroes y un apartamento en las cercanías de Multiplaza. Según Quintanilla, aunque los procedimientos fueron acompañados por órdenes judiciales, documentación no relacionada al caso fue incautada, especialmente en la oficina de Santa Elena.
Anaya fue detenido el sábado en Santa Tecla, acusado de lavado de dinero y activos, pero su paradero exacto sigue sin ser informado oficialmente, denunció su defensor. Desde el momento de la captura, se le ha negado el acceso a su abogado y se encuentra incomunicado, lo que, según Quintanilla, representa una grave violación a los derechos humanos y garantías constitucionales.
“El agente de la entrada de la DCI me dijo que Anaya no estaba ahí y desconocía su paradero. Esto vulnera su derecho a la defensa y al debido proceso”, denunció Quintanilla tras intentar visitarlo el domingo.
El caso está siendo manejado por la Unidad de Investigación contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, lo que, según la defensa, resulta desproporcionado. “Esa unidad investiga delitos como narcotráfico y trata de personas. Aquí no hay crimen organizado; están intentando construir una acusación sin fundamento”, sostuvo el abogado, quien reiteró la inocencia e integridad de Anaya.
Anaya es conocido por sus críticas abiertas al gobierno del presidente Nayib Bukele, especialmente por haber cuestionado la legalidad de la reelección presidencial y defendido a otras figuras perseguidas judicialmente como Ruth López, también actualmente detenida.
“El doctor Anaya ha sido una voz crítica desde el análisis legal. Las ideas se combaten con ideas, no con represión”, subrayó Quintanilla, quien consideró que el uso del régimen de excepción para procesarlo evidencia una intención política detrás del caso.