Las recientes redadas migratorias en obras de construcción en estados como Florida y Luisiana han encendido las alarmas en el sector, que depende en gran medida de mano de obra inmigrante. Las operaciones, lideradas por autoridades estatales y federales, han derivado en la detención de cientos de trabajadores, lo que genera temores de un impacto severo en la ya golpeada industria de la vivienda.
Solo en Florida, donde se han producido arrestos masivos en Tallahassee y The Villages, se estima que hasta el 75 % de los trabajadores de la construcción en ciudades como Miami son migrantes, según cifras del Centro Metropolitano de la Universidad Internacional de Florida (FIU). A nivel nacional, uno de cada cuatro empleados en este rubro es inmigrante, y más del 14 % se encuentra en situación irregular, según el American Immigration Council.
“El país depende de nuestra fuerza laboral. Sin nosotros, la construcción se paraliza”, expresó Aarón Pineda, un trabajador con Estatus de Protección Temporal (TPS) en Miami.
Especialistas advierten que, si se materializa el plan de la administración Trump de realizar hasta 3,000 deportaciones diarias, el sector podría perder más de 1.8 millones de trabajadores, en momentos en que se necesitan al menos 454,000 nuevos empleados solo en 2025 para atender la demanda habitacional, de acuerdo con un informe del Urban Institute.
Florida, en particular, atraviesa una crisis de vivienda desde 2018 que se profundizó tras la pandemia. Los precios de venta y alquiler se mantienen en niveles históricos ante un déficit nacional estimado de 3.7 millones de viviendas.
Organizaciones como la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC) denuncian que las redadas crean un “clima de persecución” que afecta tanto a las familias migrantes como a la estabilidad económica local. “Si seguimos espantando a los trabajadores calificados, no hay forma de cubrir la demanda en construcción”, alertó Thomas Kennedy, consultor de FLIC.
Pese a ello, las autoridades de Florida defienden los operativos. “Estamos liderando la aplicación de la ley migratoria federal”, declaró el fiscal general estatal, James Uthmeier, quien celebró los recientes resultados junto al gobernador Ron DeSantis.