El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunció este martes que la vacuna contra la covid-19 dejará de formar parte del calendario oficial de inmunización de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para niños sanos y mujeres embarazadas.
“Con efecto inmediato, la vacuna para niños sanos y mujeres embarazadas ha sido retirada del calendario recomendado de los CDC”, afirmó Kennedy en un video publicado en su cuenta de X. El funcionario estuvo acompañado por el director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), Jay Bhattacharya, y el comisionado de la FDA, Marty Makary, quienes defendieron la medida como “basada en el sentido común y la buena ciencia”.
La decisión representa un cambio drástico en la política de inmunización del país y ocurre bajo la segunda administración de Donald Trump, que ha expresado públicamente su escepticismo sobre los refuerzos promovidos durante el gobierno de Joe Biden. Desde esa perspectiva, funcionarios actuales argumentan que no existen datos clínicos suficientes que justifiquen la aplicación continuada de la vacuna en menores.
Kennedy Jr., quien ha sido ampliamente criticado por su postura contra las vacunas, calificó en el pasado a la vacuna contra la covid-19 como “la más letal jamás fabricada”, y ha vinculado la inmunización con el autismo, a pesar de que numerosos estudios científicos han refutado esas afirmaciones. Aunque ha negado ser antivacunas, su liderazgo en el Departamento de Salud ha sido objeto de controversia.
El Departamento de Salud también anunció su intención de desarrollar una «vacuna universal» basada en virus desactivados, en reemplazo del proyecto NextGen, impulsado por la administración anterior con una inversión de más de $5,000 millones. La nueva tecnología ha sido promovida como “más segura”, aunque muchos expertos consideran que los virus inactivados son una técnica obsoleta frente a las plataformas de ARN mensajero.
Este giro coincide con un discurso político renovado que busca responsabilizar a China por la pandemia, argumentando que el virus se originó por una supuesta fuga de laboratorio en Wuhan. Aunque esa teoría ha sido desestimada por la mayoría de la comunidad científica, continúa siendo promovida por el actual gobierno.
La medida ha generado preocupación entre profesionales de la salud pública, que advierten sobre los riesgos de debilitar la confianza en las vacunas y de dejar sin protección a sectores vulnerables frente a futuras variantes del virus.