Durante la audiencia inicial contra 12 empresarios del transporte colectivo, el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador reveló que el Gobierno entregó más de $245,000 a seis de los imputados por el delito de peculado, tras supuestamente negarse a brindar servicio gratuito durante la emergencia por el cierre de la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros.
Los pagos, efectuados entre el 6 y el 8 de mayo, ocurrieron mientras estaba vigente la orden presidencial de ofrecer transporte colectivo sin costo del 5 al 11 de mayo. Los montos fueron parte de los $12 millones destinados por el Ejecutivo para garantizar el servicio durante la crisis.
Los acusados, entre ellos representantes de rutas como la 38-D, 49, 41-D, 54, 29 y 47-48, enfrentarán el proceso en libertad, mientras la Fiscalía continúa con la investigación. El delito de peculado contempla penas de entre 6 y 15 años de prisión.
Además del peculado, a otros empresarios se les imputa incumplimiento de deberes por no prestar el servicio en los días críticos tras el colapso del talud ocurrido el 29 de abril. Dos imputados fueron sobreseídos, uno por fallecimiento y otro por no operar rutas activas.
La siguiente etapa procesal dependerá de la evidencia que la Fiscalía presente en el Juzgado de Instrucción para determinar si los acusados enfrentarán juicio.