Un juez federal de Massachusetts determinó que el gobierno del expresidente Donald Trump violó una orden judicial al proceder con la expulsión de ocho migrantes, entre ellos dos cubanos y un mexicano, a Sudán del Sur, un país en conflicto. La decisión se tomó tras una audiencia de urgencia, en la que el juez Brian Murphy señaló que el vuelo de expulsión «obviamente» contravino la prohibición impuesta por su corte, que exigía que los migrantes tuvieran la oportunidad de defender su caso antes de ser enviados a terceros países.
El juez Murphy afirmó que las personas afectadas no tuvieron «una oportunidad significativa» para oponerse a su traslado, una violación al debido proceso legal. La intervención judicial fue solicitada por varias organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, quienes presentaron un recurso de emergencia denunciando que al menos dos de sus clientes habían sido informados de su inminente deportación a Sudán del Sur.
El incidente es solo uno más en una serie de enfrentamientos legales entre la Administración de Trump y los tribunales estadounidenses, en el contexto de las estrictas políticas de deportación masiva implementadas por el gobierno. Estas medidas han generado preocupaciones sobre la posible erosión de derechos fundamentales y el respeto al debido proceso, con algunos expertos legales advirtiendo sobre el riesgo de una «crisis constitucional».
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el vuelo de expulsión partió desde Texas, aunque no se reveló públicamente el destino final de los migrantes por razones de «seguridad». Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, confirmó que los migrantes seguían bajo custodia del gobierno estadounidense en ese momento. El gobierno detalló que los migrantes expulsados tienen antecedentes penales graves, incluyendo crímenes como asesinato y robo con arma de fuego.
El grupo de deportados incluía a Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez, de Cuba; Jesús Muñoz Gutiérrez, de México; Thongxay Nilakout, de Laos; Kyaw Mya y Nyo Myint, de Birmania; Tuan Thanh Phan, de Vietnam, y Dian Peter Domach, de Sudán del Sur. Este último país, ubicado en el este de África, se encuentra inmerso en un conflicto armado, y el Departamento de Estado de EE.UU. ha desaconsejado a los ciudadanos estadounidenses viajar allí, retirando también al personal no esencial de su embajada en mayo de 2023.
Este caso se enmarca en los esfuerzos del gobierno de Trump por agilizar las deportaciones de migrantes, incluso a países que no desean recibir a individuos con antecedentes penales graves. Para facilitar este proceso, EE.UU. ha estado buscando acuerdos con otros países para aceptar a los migrantes expulsados. Un ejemplo reciente de estas negociaciones fue el acuerdo con El Salvador, que en marzo de 2023 aceptó recibir a más de 200 migrantes, principalmente venezolanos, que fueron enviados a una prisión en el país centroamericano, donde aún permanecen incomunicados de sus familiares y abogados.
Este episodio subraya las crecientes tensiones entre las políticas migratorias de la administración Trump y las protecciones legales que buscan garantizar los derechos de los migrantes, especialmente aquellos que enfrentan deportaciones a lugares peligrosos o sin la oportunidad de presentar su caso ante la justicia.