Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, las autoridades de El Salvador han logrado frenar de manera contundente las operaciones del narcotráfico, incautando drogas por un valor de casi 1,000 millones de dólares. A lo largo de este periodo, se han decomisado 1,667.99 kg de marihuana, 39,425.85 kg de cocaína, así como cantidades significativas de otras sustancias como crack, metanfetaminas y fentanilo.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, destacó que están impactando de manera decisiva las estructuras criminales que operan en el país. “El Salvador está transitando por un camino diferente al de los globalistas y golpeando donde más les duele: el negocio del veneno de la droga”, señaló el funcionario.
Este golpe al narcotráfico es parte de una estrategia integral que ha permitido no solo la captura de miles de pandilleros, sino también la desarticulación de redes dedicadas al tráfico de estupefacientes. Recientemente, en un operativo realizado en varios departamentos, las fuerzas de seguridad lograron desmantelar una estructura criminal vinculada a la comunidad Tutunichapa. En total, se efectuaron 19 allanamientos, resultando en la captura de 16 individuos y la notificación de cargos a otros 4 reclusos.
La Fiscalía General de la República confirmó que la investigación contra esta estructura se inició en enero de 2023, cuando se identificaron nexos con el tráfico de marihuana, cocaína y crack.
Además de la lucha contra las pandillas y el narcotráfico a nivel local, El Salvador también ha destacado a nivel internacional por sus operativos en altamar, donde bajo la administración actual se han incautado 61 toneladas de cocaína.
El gobierno reiteró su compromiso de no tolerar el narcotráfico en ninguna de sus formas. “Vamos a eliminar todos los medios que utilizan para distribuir este veneno en nuestras comunidades”, afirmó el ministro Villatoro.
La guerra contra el narcotráfico continúa siendo una prioridad para el país, y las autoridades aseguran que seguirán avanzando con firmeza en la desarticulación de redes criminales, protegiendo así la seguridad y bienestar de los salvadoreños.