El gobierno del presidente Donald Trump ha recurrido al privilegio de secretos de Estado para evitar divulgar información relevante en el caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado por error y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. La medida fue confirmada por la jueza federal Paula Xinis, quien ha solicitado a las partes involucradas —el Departamento de Justicia y los abogados de Ábrego García— que entreguen sus argumentos sobre el uso de este privilegio antes del lunes.
La jueza también ha convocado una audiencia para el 16 de mayo en el tribunal de Greenbelt, Maryland. En el expediente se menciona que esta no es la primera vez que la administración Trump recurre a este recurso para proteger información sensible, habiendo aplicado el mismo argumento en casos de deportación de venezolanos al CECOT.
Según los abogados de Ábrego García, el migrante debería haber sido protegido de la deportación desde 2019, año en el que se le concedió el estatus de “retención de remoción” por riesgo de persecución en El Salvador. Sin embargo, fue deportado en marzo de 2024 debido a lo que las autoridades federales describieron como un “error administrativo”. La jueza Xinis ya había ordenado su retorno y la entrega de documentos confidenciales, pero señaló que el gobierno de Trump había incumplido reiteradamente estas órdenes.
Ábrego García, que actualmente se encuentra en una prisión de menor seguridad en Santa Ana, enfrenta acusaciones de pertenecer a la pandilla MS-13, aunque no existen cargos penales en su contra ni en Estados Unidos ni en El Salvador. Sus abogados defienden su inocencia y exigen que se respeten sus derechos legales conforme a la decisión de la Corte Suprema, que dictaminó que el caso debía ser tratado como si nunca hubiera sido deportado.