El presidente Nayib Bukele ha denunciado que varios empresarios de transporte público no han cumplido con su obligación de prestar el servicio, a pesar de que el gobierno está cubriendo el 100% del ingreso diario que normalmente perciben. Este incumplimiento, según Bukele, constituye un acto de «sabotaje» al país. La situación ha provocado una reacción contundente, ya que la Policía Nacional Civil (PNC) está siendo instruida para proceder con la captura de los propietarios de las rutas que no están cumpliendo con las medidas establecidas.
En una conferencia de prensa, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, subrayó que el gobierno está al día con los pagos de compensación económica a los transportistas, por lo que no existe justificación para que los empresarios no estén ofreciendo el servicio. El ministro también explicó que, a pesar de las reuniones previas con los transportistas para acordar estas medidas, algunos empresarios han decidido no acatar las disposiciones. En particular, mencionó que se identificaron rutas como la 202, donde se había cobrado el pasaje a los usuarios. Como respuesta, el gobierno obligó a que les devolvieran el dinero.
Rodríguez también aprovechó la oportunidad para señalar que las obras en el tramo de Los Chorros, una de las principales arterias viales del país, forman parte de un ambicioso proyecto de rehabilitación y ampliación de la carretera, con el objetivo de mejorar la seguridad, fluidez del tránsito y la durabilidad de una vía que históricamente ha sido un punto de congestión y accidentes. Aunque estos trabajos son necesarios, también han implicado cierres temporales de la carretera y la creación de rutas alternas, lo que ha generado un aumento en la presión sobre el sistema de transporte público.
La situación ha puesto a prueba la relación entre el gobierno y los empresarios de transporte, especialmente en un contexto en el que las autoridades están tratando de mitigar las dificultades de movilidad que afectan a los ciudadanos. La respuesta del gobierno parece estar alineada con una postura firme, ya que la compensación económica no es un tema discutible, y se espera que los transportistas cumplan con su parte para garantizar que los usuarios puedan desplazarse sin mayores inconvenientes durante este período de crisis.
Esta tensión entre las autoridades y los empresarios del transporte refleja la complejidad de la gestión pública en situaciones de emergencia y la necesidad de garantizar que las decisiones gubernamentales se implementen de manera efectiva para el bienestar de la población. La intervención de la Policía y las sanciones anunciadas también demuestran el compromiso del gobierno de mantener el orden y asegurar que las medidas sean cumplidas.