La reciente reforma a la Ley del Historial Crediticio ha generado un intenso debate entre las diputadas Dania González, de Nuevas Ideas, y Claudia Ortiz, de Vamos. El punto de discordia gira en torno a la incorporación del uso de servicios en la nube para el almacenamiento de datos crediticios y su carácter obligatorio u opcional.
Mientras González asegura que los salvadoreños seguirán contando con garantías de seguridad y protección de datos, y que el uso de la nube será opcional para las agencias de información, Ortiz cuestiona la redacción aprobada, indicando que la norma establece esta práctica como un deber.
La reforma incluye la incorporación del literal «n» al artículo 17, el cual señala como un deber el uso de tecnología en la nube para almacenamiento y respaldo de datos. Además, se introdujo una salvedad al artículo 19 que exceptúa esta obligación de la prohibición de compartir información sin consentimiento.
Ortiz advirtió sobre la falta de claridad respecto a la soberanía de los datos cuando estos sean almacenados en servidores ubicados fuera del país. Planteó dudas sobre los estándares legales aplicables si las leyes de protección de datos del país que aloja los servidores difieren de las de El Salvador.
González respondió que el Banco Central de Reserva (BCR) será el ente encargado de emitir las normas técnicas correspondientes y aseguró que la protección de datos sigue siendo una prioridad legislativa. No obstante, no explicó a fondo la implicación de la salvedad agregada al artículo 19.
La reforma fue aprobada el jueves y ha abierto la puerta a un nuevo escrutinio sobre el equilibrio entre modernización tecnológica y resguardo de la información personal.