Un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos que se encuentra en El Salvador realizó ayer una rueda de prensa en la que abogaron por la publicación del contrato entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos relacionado con la deportación y reclusión de supuestos criminales en el país centroamericano. El objetivo de los legisladores es garantizar la transparencia y el respeto por los derechos humanos de las personas deportadas y detenidas en las cárceles salvadoreñas.
El congresista Robert García, de California, señaló que uno de los principales puntos de su visita es que se haga público el contrato firmado entre ambos gobiernos. “Deberíamos entender qué fondos se están transfiriendo para apoyar las prisiones en El Salvador y debemos hacerlo público”, afirmó García, subrayando la necesidad de claridad sobre los recursos involucrados.
Para los congresistas, es «ilegal e inmoral» que individuos sean deportados y encarcelados sin haber sido sometidos a un proceso penal adecuado que demuestre su culpabilidad. En ese sentido, la congresista Maxine Dexter agregó: «Nuestro gobierno está pagando para que las personas sean encarceladas en El Salvador, lo que se refiere a criminales y eso no se ha probado. No se puede probar la criminalidad sin el debido proceso. Por lo tanto, estamos utilizando el dinero de los contribuyentes en Estados Unidos para violar nuestras leyes constitucionales y encarcelar a personas a costa de contribuyentes».
Acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos
Según información proporcionada por ambas naciones, los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos habrían alcanzado un acuerdo que permite al país centroamericano recibir y encarcelar a criminales extranjeros, a cambio de un pago anual de $20,000 por prisionero o un total de $6 millones anuales. Este acuerdo ha permitido que, desde el 15 de marzo, Estados Unidos haya deportado a 238 venezolanos acusados de ser miembros de la pandilla «Tren de Aragua» y a 23 salvadoreños acusados de ser parte de la MS-13, con otros grupos de deportados enviados en fechas posteriores.
El gobierno de El Salvador ha recibido a estos deportados en condiciones de alta seguridad, en centros como el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) y otras cárceles del país, lo que ha generado preocupación entre los congresistas que visitan El Salvador, quienes insisten en la falta de un debido proceso legal para estas personas antes de ser deportadas y encarceladas.
Presión por la Libertad de Kilmar Ábrego García y Andry Hernández Romero
El objetivo de la misión no oficial de los congresistas, que no contó con la autorización formal del Congreso estadounidense, es verificar las condiciones de salud de los prisioneros deportados y presionar por la liberación de dos de ellos: Kilmar Ábrego García, un salvadoreño, y Andry Hernández Romero, un venezolano, ambos deportados desde EE.UU. y recluidos en El Salvador.
El caso de Ábrego García ha sido especialmente controversial. Deportado a El Salvador a pesar de que un tribunal de Baltimore suspendió su deportación en 2019, Ábrego García enfrenta acusaciones de ser miembro de la pandilla MS-13, algo que su defensa niega rotundamente. Los congresistas han reiterado que el gobierno de Estados Unidos debe cumplir con una orden de la Corte Suprema que exige el retorno de Ábrego García.
“El presidente Trump debe cumplir con la orden de la Corte Suprema y permitir que Kilmar regrese a su hogar. No podemos permitir que se violen los derechos de los individuos de esta manera”, expresó García.
Condiciones Carcelarias y Due Process
La delegación de congresistas ha expresado su preocupación por las condiciones carcelarias en El Salvador, sobre todo en los casos de personas deportadas sin haber sido sometidas a un juicio justo en Estados Unidos. Los legisladores sostienen que muchos de estos individuos, como Ábrego García, no han tenido acceso al debido proceso, lo que representa una violación a sus derechos humanos.
“La deportación de estas personas y su reclusión en El Salvador sin pruebas claras de culpabilidad es una violación directa de los principios fundamentales de justicia. La administración Trump debe ser responsable de este abuso”, afirmó Maxwell Frost, congresista de Florida.
Llamado a la Transparencia y el Respeto a los Derechos Humanos
La visita de los congresistas tiene como propósito resaltar las preocupaciones sobre la falta de transparencia en los acuerdos entre ambos gobiernos y la violación de los derechos humanos de las personas deportadas y encarceladas sin el debido proceso legal. Además, los legisladores han exigido una mayor supervisión sobre cómo se están utilizando los fondos estadounidenses en El Salvador para fines de reclusión.
Los congresistas seguirán presionando para que se cumpla con las resoluciones judiciales y se garantice un trato justo para las personas deportadas, al mismo tiempo que instan al gobierno de Estados Unidos a ser transparente sobre los acuerdos que implican el envío de recursos para la reclusión en El Salvador.