El caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado desde Estados Unidos y posteriormente recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, continúa generando debate en el ámbito político y judicial, tanto en Estados Unidos como en suelo salvadoreño.
La cadena CNN visitó recientemente la comunidad Los Nogales, en San Marcos, donde conversó con seis residentes que afirmaron conocer a la familia de Ábrego. Según el reporte, ninguno de los entrevistados lo identificó como miembro de una pandilla durante su adolescencia en la zona. Algunos vecinos recordaron que la familia tenía una venta de tortillas y que el joven solía jugar fútbol y baloncesto en la comunidad. Solo dos lo describieron como un adolescente “revoltoso”, involucrado ocasionalmente en discusiones o peleas con otros jóvenes.
El medio WRAL News retomó la investigación de CNN, resaltando la aparente falta de evidencia directa sobre su vinculación con estructuras criminales durante su estancia en El Salvador.
Un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citado por El Mundo detalla que Ábrego García ingresó a Estados Unidos por la frontera de McAllen, Texas, alrededor del 25 de marzo de 2012, cuando tenía 16 años. Desde entonces, había vivido en suelo estadounidense hasta su reciente deportación bajo la política migratoria impulsada por la administración del expresidente Donald Trump, centrada en la expulsión inmediata de presuntos miembros de pandillas como la MS-13.
La decisión de deportarlo ha sido duramente cuestionada por legisladores demócratas y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes sostienen que no se le garantizó el debido proceso legal antes de su expulsión ni se presentaron pruebas sólidas de sus presuntos vínculos con organizaciones criminales.
El senador Chris Van Hollen se pronunció sobre el caso este domingo, aclarando que su defensa no se centra en Ábrego como individuo, sino en el respeto a los derechos legales que todo migrante debería tener. “No se trata de defender a una persona en particular, sino de asegurar que el Estado de derecho se aplique a todos, sin importar su estatus migratorio”, señaló.
El caso de Ábrego se ha convertido en un símbolo del debate más amplio sobre las políticas migratorias y de seguridad nacional, así como del uso del CECOT como destino para migrantes deportados desde Estados Unidos acusados de pertenecer a estructuras del crimen organizado, sin juicios formales previos.