En el marco de la visita oficial del presidente Nayib Bukele a Estados Unidos, altos funcionarios de defensa de ambas naciones se reunieron este miércoles en el Pentágono para afianzar los vínculos bilaterales en materia de seguridad y desarrollo estratégico.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, recibió al ministro de Defensa salvadoreño, René Francis Merino Monroy, destacando la sólida alianza entre ambos países. “Nuestro objetivo es mantener la fortaleza junto a nuestros aliados, y lograr la paz a través de la fuerza. El Salvador es un claro ejemplo de una cooperación que beneficia a ambos pueblos”, declaró Hegseth durante el encuentro.
El jefe del Pentágono también enfatizó que la relación entre las dos naciones “está más fuerte que nunca” y que esta nueva etapa de colaboración es solo el inicio. Atribuyó el impulso de esta agenda común al liderazgo de los presidentes de ambos países, quienes —según dijo— han definido una ruta de trabajo conjunta basada en el entendimiento y el compromiso.
Desde San Salvador, Casa Presidencial confirmó que la reunión formó parte de la agenda diplomática promovida por el presidente Bukele durante su estadía en Washington, con el objetivo de consolidar alianzas estratégicas en áreas clave como defensa, desarrollo y seguridad regional.
Uno de los acuerdos discutidos durante la visita presidencial incluye el uso del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) —una instalación de máxima seguridad construida por el gobierno salvadoreño con una inversión de 115 millones de dólares— para albergar a personas deportadas desde EE. UU. señaladas por presuntos vínculos con estructuras criminales como la MS-13 y el Tren de Aragua. Este acuerdo ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos, quienes cuestionan la legalidad de las detenciones por la ausencia de condenas formales o pruebas concluyentes.
El Ministerio de Defensa de El Salvador, encabezado por Merino Monroy, ha sido una pieza clave en la implementación de las políticas de seguridad del actual gobierno, especialmente bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Este régimen ha permitido una intervención más activa de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, extendida por decreto hasta el 31 de diciembre de 2025.
La participación de militares en labores policiales se remonta a 2009 y ha sido justificada por sucesivos gobiernos mediante el artículo 168 de la Constitución salvadoreña, que permite el uso excepcional de la Fuerza Armada en situaciones que amenacen la paz interna.
De forma paralela, la administración del presidente Trump también ha apostado por una estrategia de contención mediante la fuerza, enviando aviones militares con los primeros grupos de deportados y reforzando medidas contra la migración irregular desde que inició su mandato en enero de este año.
Con esta renovada alianza entre Washington y San Salvador, ambos países proyectan una cooperación más estrecha en defensa y seguridad regional, en un contexto marcado por retos compartidos en materia de crimen transnacional, migración y estabilidad regional.