Una estructura delictiva compuesta por 60 personas, que estafó a diversas instituciones bancarias por un monto superior a $1,1 millones mediante el uso de documentación falsa, enfrenta un proceso penal ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Según el expediente judicial, 36 de los acusados permanecen detenidos, mientras que la Fiscalía General de la República ha solicitado la emisión de órdenes de captura para 24 prófugos. Los delitos imputados incluyen estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos, asociaciones ilícitas, obtención indebida de bienes o servicios a través de tarjetas inteligentes y lavado de dinero.
El caso, que involucra pericias, pruebas documentales y testimoniales, fue producto de una minuciosa investigación que desveló las diversas modalidades de operación de la red criminal.
Entre los acusados figuran nombres como Víctor Manuel Baires Avelar, Néstor Alexander Navarro, Carlos Alexander González Cerros, Valery Eunice Góngora Pacheco, Ingrid Nataly Torres Velasco, Ingrid Idania Arce Martínez, Carlos Eduardo Guzmán Henríquez y Christopher Jonathan Pacheco Juárez.
Las investigaciones realizadas en 2022 revelaron que los miembros de la organización tramitaron créditos fraudulentos en diversas entidades financieras, haciéndose pasar por empleados de instituciones públicas y empresas privadas. Estos créditos, que oscilaron entre los $10,000 y $30,000, fueron solicitados bajo pretextos como la consolidación de deudas y, posteriormente, se utilizaron para beneficiar a terceros mediante la emisión de cheques.
La red operaba mediante «mulas financieras», personas utilizadas para mover el dinero obtenido ilegalmente a través de sus cuentas bancarias, una práctica común en el lavado de dinero. Estas personas recibían los créditos con la colaboración de reclutadores que facilitaban la documentación falsa, así como de empleados bancarios que autorizaron fraudulentamente los productos financieros solicitados.
Este caso demuestra el trabajo conjunto de la Fiscalía y las autoridades judiciales en la lucha contra la criminalidad organizada y el lavado de dinero en el país.