Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos rechazó un recurso de emergencia presentado por la Administración Trump para hacer efectiva la revocación de la ciudadanía por nacimiento, una medida que ahora se dirige al Tribunal Supremo.
El pasado mes de enero, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal nacidos en territorio estadounidense, como parte de su reforma migratoria. Esta orden fue bloqueada inicialmente por el juez federal John C. Coughenour, de Seattle, tras una demanda presentada por fiscales de cuatro estados demócratas. A lo largo de los meses, la orden ha estado suspendida debido a múltiples litigios, incluyendo recursos interpuestos por autoridades locales y organizaciones de derechos civiles.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, desestimó la solicitud del Departamento de Justicia para revocar el fallo del juez Coughenour. El panel de jueces, incluido Danielle Forrest, designada por Trump, argumentó que el caso no representaba una emergencia que justificara una intervención inmediata.
La orden ejecutiva busca reinterpretar la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU., que garantiza la ciudadanía por nacimiento. Ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, la Enmienda establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen».
Trump sostiene que la interpretación actual de la Enmienda 14 es demasiado amplia y aboga por restricciones más estrictas para obtener la ciudadanía. A pesar de este revés, la Administración Trump podría presentar el caso ante el Tribunal Supremo de EE.UU., lo que marcaría un hito en la disputa legal sobre la ciudadanía por nacimiento en el país.
La orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero debía entrar en vigor el 19 de febrero y forma parte de las políticas migratorias más restrictivas de la administración republicana. Bajo esta normativa, los niños nacidos en EE.UU. de padres no ciudadanos ni residentes permanentes serían considerados extranjeros, lo que los haría susceptibles a la deportación y los excluiría de beneficios federales como el acceso al número de Seguro Social, la posibilidad de trabajar legalmente y la elegibilidad para programas gubernamentales.