La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa aprobó ayer favorablemente la iniciativa presentada por el Ejecutivo que reforma el Código Penal, con el objetivo de combatir de manera más efectiva la corrupción en los servidores y empleados públicos, así como en los particulares involucrados en estos delitos.
Las reformas a la legislación penal, que se aplicarán a los empleados de los tres Órganos del Estado, entidades municipales, autónomas y descentralizadas, incluyen el aumento de las penas de prisión, la eliminación de medidas sustitutivas, la creación de nuevas figuras delictivas y la clarificación de conceptos relacionados con la administración pública.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, aseguró ante los diputados que en El Salvador se perseguirá por igual al corrupto y al corruptor, con sanciones que pueden llegar hasta los 20 años de prisión. «La corrupción es un flagelo que hay que combatir con firmeza», agregó.
Asimismo, los delitos relacionados con la corrupción serán considerados de «naturaleza grave», lo que significa que no habrá penas menores a tres años de prisión ni sanciones como días-multa. Además, el delito de enriquecimiento ilícito podrá ser judicializado de manera penal, independientemente de que exista o no una resolución de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Delgado destacó que las modificaciones a la legislación están alineadas con las exigencias de la Oficina de Naciones Unidas contra la Corrupción y el derecho internacional, subrayando el compromiso del país en la lucha contra este flagelo.