El Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles una controvertida ley que permitirá la detención de migrantes en situación irregular acusados de ciertos delitos, incluyendo robo, hurto, asalto a un agente de la ley, o cualquier delito que resulte en muerte o lesiones graves a otra persona. La nueva legislación, conocida como la Ley Laken Riley, lleva el nombre de una joven de 22 años, asesinada en 2022 por un migrante venezolano, José Antonio Ibarra, quien se encontraba en situación irregular y había sido buscado previamente por robos en tiendas.

Esta ley se considera una prioridad para el presidente Donald Trump, quien ha hecho de la lucha contra la migración ilegal un pilar central de su administración. Se espera que el presidente firme la ley en su primer acto oficial de su segundo mandato, marcando así un hito en sus políticas migratorias.

Trump ha sido claro en su enfoque hacia la inmigración, señalando que se concentrará en deportar a aquellos migrantes con antecedentes penales, advirtiendo que «millones y millones de extranjeros criminales» serán enviados de vuelta a sus países de origen. Para Trump, esta ley es un paso crucial para fortalecer la seguridad en el país, especialmente en relación con los migrantes que han cometido delitos graves.

Sin embargo, la ley ha generado fuertes críticas, particularmente entre los demócratas y organizaciones que defienden los derechos de los migrantes. Se estima que la implementación de la ley podría costar $83,000 millones en los primeros tres años, lo que ha provocado preocupación sobre su impacto económico. La senadora demócrata Patty Murray advirtió que es una cantidad excesiva para una ley que, según ella, podría generar caos en lugar de soluciones.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez también expresó su preocupación, sugiriendo que la ley podría socavar el Estado de Derecho, y predijo que algunos congresistas que votaron a favor de ella podrían arrepentirse más adelante cuando los efectos negativos sean evidentes. Además, organizaciones como la Asociación de Abogados de Inmigración Americana (AILA) se oponen a la ley, argumentando que no mejorará la seguridad pública y solo contribuirá a políticas de inmigración caóticas y erróneas.

Durante su campaña, Trump citó el caso de Laken Riley como ejemplo de lo que él considera una política migratoria fallida durante la presidencia de Joe Biden, y exigió una disculpa pública a la familia de la joven. La Ley Laken Riley refleja el enfoque de la administración Trump hacia la inmigración ilegal, centrado en la detención y deportación de aquellos que cometen crímenes graves, sin importar su estatus migratorio.

La ley se enmarca en una serie de medidas ejecutivas firmadas por Trump, que buscan limitar la entrada de migrantes y facilitar su expulsión del país. Esta nueva legislación es otro paso en su agresiva postura contra la migración ilegal, un tema que ha marcado su carrera política.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *