En la sesión del Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido El Salvador en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el representante de Estados Unidos expresó su reconocimiento por la colaboración del país centroamericano en la lucha contra el crimen transnacional, pero subrayó las preocupaciones sobre las garantías procesales de los detenidos bajo el régimen de excepción. Este régimen, implementado el 27 de marzo de 2022 como parte de los esfuerzos del gobierno de Nayib Bukele para combatir las pandillas, suspende ciertos derechos constitucionales.
El delegado estadounidense destacó las áreas de cooperación positiva entre ambos países, como el desarrollo inclusivo, las operaciones conjuntas contra el crimen organizado, el tráfico de migrantes, las drogas y la trata de personas, así como la mejora de las condiciones en las cárceles. Sin embargo, enfatizó que existen serias preocupaciones sobre los derechos de las personas detenidas bajo el régimen de excepción, particularmente la falta de acceso a un juicio justo y la ausencia de garantías procesales adecuadas.
Recomendaciones de Estados Unidos a El Salvador
En su intervención, el representante de Estados Unidos formuló varias recomendaciones al gobierno de El Salvador:
- Permitir las visitas y la comunicación entre los detenidos y sus familias, así como garantizar el acceso a asesoría jurídica, ya que esta ha sido restringida desde la implementación del régimen de excepción.
- Promulgar políticas que aseguren un juicio justo, oportuno y con representación legal efectiva para todos los detenidos bajo el régimen, garantizando que tengan las protecciones jurídicas completas que les corresponde bajo la ley internacional.
- Implementar políticas para apoyar la integración socioeconómica de niños y jóvenes vulnerables, particularmente aquellos cuyas familias están afectadas por las detenciones masivas, de manera que puedan superar las consecuencias negativas del encarcelamiento de sus padres.
El delegado de Estados Unidos también resaltó que, a pesar de los avances en la seguridad y la cooperación bilateral, la situación de los derechos humanos, especialmente en lo relativo al debido proceso y las condiciones de detención, sigue siendo una preocupación central. Esto se refiere a la continua falta de acceso a la justicia y la posibilidad de que los detenidos sean procesados sin las debidas garantías.
El régimen de excepción fue implementado por el presidente Nayib Bukele en marzo de 2022 tras un aumento de violencia atribuida a las pandillas, especialmente la MS-13. Esta medida ha implicado la suspensión de derechos fundamentales, como el derecho a la defensa, el tiempo máximo de detención preventiva y la privacidad de las telecomunicaciones. El gobierno ha defendido la medida como crucial para enfrentar la violencia, pero ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y de diversos actores internacionales, incluidos varios países durante la EPU.
La Evaluación Periódica Universal (EPU), en la que participaron representantes de 74 países, permite que los estados miembros de la ONU hagan recomendaciones sobre el respeto y la mejora de los derechos humanos en los países evaluados. En el caso de El Salvador, las recomendaciones de Estados Unidos se unieron a las preocupaciones de otras naciones sobre el tratamiento de los detenidos y las condiciones de los derechos fundamentales bajo el régimen de excepción.