La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, La Libertad, resolvió este viernes admitir la totalidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso contra el exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennett y su familia, quienes enfrentan acusaciones de enriquecimiento ilícito por más de $271,000.
Durante la audiencia preparatoria, se ordenó la realización de un peritaje financiero-contable para analizar las irregularidades patrimoniales señaladas por la Fiscalía. Según la investigación, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia identificó un aumento injustificado de $271,313.75 en el patrimonio de Mata Bennett y su núcleo familiar.
#CombateALaCorrupción | La @FGR_SV logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el… pic.twitter.com/1SEsSF5VQh
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 17, 2025
La FGR acusa a Mata Bennett de no justificar un incremento de $13,270 en su patrimonio durante los períodos legislativos 2012-2015 y 2015-2018. Asimismo, sus hijos, Guillermo Eduardo Mata Mayorga y Jorge Alberto Mata Mayorga, deberán responder por montos de $251,685.80 y $6,357.85, respectivamente.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran depósitos bancarios en efectivo, pagos de préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito y la adquisición de vehículos.
El peritaje financiero será clave para confirmar las acusaciones de la Fiscalía. Una vez concluido, se programará la audiencia probatoria, en la cual se analizarán las pruebas para determinar la responsabilidad de los acusados.
De comprobarse el delito de enriquecimiento ilícito, la Fiscalía ha solicitado que los imputados retribuyan los $271,313.75 al Estado salvadoreño. Además, pide la inhabilitación del exdiputado Mata Bennett para ocupar cargos públicos durante un período de 10 años.
Este caso subraya la prioridad de las autoridades en combatir la corrupción y exigir rendición de cuentas a quienes manejaron fondos públicos.